La Agència Tributària de Catalunya es uno de los caballos de batalla de las negociaciones sobre la financiación singular. El acuerdo entre ERC y PSC establecía que el año que viene Catalunya tenía que asumir la gestión del IRPF. Hace pocos días, el Govern admitió que habría que retrasar el plazo hasta el 2028. Responsabilizarse del principal impuesto que se recauda en Catalunya requiere un proceso de dotación de personal, de estructuras físicas y de soporte informático y una curva de aprendizaje que no se adquieren en tan poco tiempo. ¿Qué estaban pensando los respectivos negociadores cuando establecieron el hito del 2026?
Quizá tenían en la cabeza el modelo de despliegue de los Mossos y, en especial, las tareas de vigilancia del tráfico. Recordamos que se abrió la vía para que policías y guardias civiles que quisieran incorporarse a los Mossos pudieran hacerlo. No hay cifras públicas sobre cuántos elementos de las fuerzas policiales españolas se integraron en los Mossos, pero todo parece indicar que no fue una cifra despreciable, con algunos mandos incluidos. Es cierto que algunas distorsiones en el funcionamiento del cuerpo podrían relacionarse con estos contingentes incorporados, pero en general la valoración parece positiva.
El modelo Mossos no podrá repetirse en Rodalies ni quizá en la Agència Tributària
Han pasado veinte años desde entonces y las actitudes han cambiado bastante. Ahora hace pocos meses nos hemos encontrado con los maquinistas de Rodalies y el rechazo a incorporarse a la nueva empresa mixta entre Estado y Generalitat para gestionar el servicio. El argumento oficial ha sido que muchos eran de fuera y aspiraban a recolocarse en el futuro cerca de sus lugares de origen, donde los sueldos son los mismos, pero el coste de la vida y de la vivienda muy menores. Hay quien decía que también había conseguido prebendas –dietas, horarios, turnos– que presumiblemente serían cuestionadas a la nueva empresa. En los últimos días de huelga, supimos que dos trabajadores de los centros de control habían generado instrucciones erróneas expresamente para anular servicios y aumentar la paralización del sistema. La imagen que Rodalies Renfe en Catalunya es la casa de Tócame Roque se hizo general.
Ahora tenemos los inspectores de Hacienda. A través de su sindicato profesional utilizan el mismo argumento de la falta de arraigo y la supuesta voluntad de irse. Y la ruptura de la unidad fiscal de España, que dificultaría la persecución del fraude. Dos días después de este posicionamiento, estallaba el caso Montoro. Fuera de la élite, el resto de técnicos tiene posiciones más flexibles.
El modelo de los Mossos, pues, no podrá repetirse en Rodalies ni quizá en la ATC, con los retrasos y dificultades que implica para la puesta en marcha de los nuevos servicios. Solo hay que preguntarse qué pasará con los 4.700 funcionarios de Hacienda en Catalunya cuando haya culminado el traspaso de la gestión impositiva. Probablemente los destinarán a algún otro lugar y así aumentará la estructura de un Estado supuestamente descentralizado pero que no adelgaza cuando traspasa competencias.
