Alcanzado el ecuador de la legislatura, el proyecto político que impulsó Yolanda Díaz en el 2023 –y que prometía regenerar la izquierda a la izquierda del PSOE– llega desgastado, pero todavía en pie. Y tras una primera mitad de mandato marcada por tensiones internas, fugas de diputados y ausencia total de interlocución con Podemos, Sumar encara la segunda con la necesidad de demostrar que su paso por el Gobierno dejará una huella capaz de legitimar su alianza con Sánchez.
El arranque, hace dos años, tanto del espacio político como del grupo parlamentario fue tan ambicioso como accidentado. La candidatura conjunta cristalizó tras un largo “proceso de escucha” de un año que, sin embargo, desembocó en un cierre abrupto y lleno de urgencias.
En apenas 72 horas se sellaron con éxito las confluencias con casi una veintena de partidos –entre ellos, Izquierda Unida, Compromís, Catalunya en Comú y Más Madrid–. En paralelo, la relación con Podemos empezó a tensarse día a día entre acusaciones de bloqueos y vetos cruzados que acabarían traduciéndose, al poco tiempo, en la salida de los cinco diputados morados del grupo confederal.
Compromís, y quizás en el futuro la Chunta y Mes per Mallorca, amenazan con salir del proyecto plural
Aun así, las elecciones de julio del 2023 dieron a Sumar un resultado nada desdeñable: 31 escaños y un papel clave como socio minoritario del Gobierno de Pedro Sánchez. Un éxito que, dos años después, se revela tan frágil como disputado.
El equilibrio de fuerzas ha quedado amenazado por un goteo de renuncias y sustituciones que, en más de una ocasión, han obligado a los socios territoriales a maniobrar para evitar que los escaños vacantes cayeran en manos de Podemos.
El caso más reciente es el de la diputada de Més Compromís Águeda Micó, que en junio decidió abandonar el grupo confederal e integrarse en el mixto. Su baja dejó a Sumar con 26 escaños –antes había recuperado uno por la dimisión de la exdiputada de Podemos Lilith Verstrynge–. Un número que podría reducirse aún más si en las próximas semanas las direcciones de la Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, ambas críticas con el funcionamiento interno del grupo, confirman la salida de sus diputados Jorge Pueyo y Vicenç Vidal.
Esa tensión por el riesgo de que crezca la presencia morada en el Congreso ha condicionado varios movimientos internos. Gala Pin, diputada de los Comuns, sí que renunció finalmente a su escaño por “motivos estrictamente personales”, dado que su relevo no comprometía el equilibrio interno porque la siguiente en la lista por Barcelona era la también dirigente de los comunes Viviane Ogou. Sin embargo, la situación fue distinta en el caso de Candela López, coordinadora de la formación catalana, que había anunciado su intención de dejar el acta para centrarse en el partido, pero que decidió permanecer en Madrid ya que, al confirmarse la baja de Pin, su sustitución sí que habría supuesto la entrada de una dirigente de Podemos y habría alterado la aritmética del grupo.
Pese a estas turbulencias, Yolanda Díaz afronta el arranque del nuevo curso político con cierto optimismo después de apuntarse una victoria política de calado en el último Consejo de Ministros de julio con la aprobación de los permisos parentales ampliados. “Un hito de alto valor social” que la vicepresidenta y los suyos se han propuesto usar como palanca para impulsar las dos grandes banderas de la segunda mitad de legislatura: la negociación de un nuevo salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral sin merma salarial.
El reto para Díaz es doble. Por un lado, consolidar un perfil propio dentro de un Consejo de Ministros donde el PSOE marca la pauta legislativa y acapara el grueso de los compromisos cumplidos –el Gobierno asegura haber ejecutado ya el 45% de las 200 medidas pactadas, aunque el desequilibrio entre las iniciativas socialistas y las confederales es notorio–.
Por otro, resistir ante las presiones internas y externas que amenazan con fragmentar un espacio político que nació, precisamente, para superar las divisiones que lastraban a la izquierda periférica.
En ese terreno, las relaciones con Podemos son inexistentes. La falta de coordinación ha convertido cada votación, incluso las irrelevantes, en un ejercicio de geometría variable con los morados actuando por libre y, en ocasiones, alineándose con otros socios para desgastar al Ejecutivo. Díaz ha llegado a admitir que en el Congreso opera una “mayoría destructiva” capaz de tumbar iniciativas del Gobierno, aunque insiste en que aún es posible gobernar “a pesar de todo”.
El horizonte, sin embargo, no está despejado. Los presupuestos generales del Estado se perfilan como la gran prueba de fuego de la legislatura que el Gobierno solo superará si logra sumar a la vez a Junts, Podemos y el resto de los aliados. Cada grupo jugará su propia partida para ganar peso. Pero Sumar arriesgará más que nadie, consciente de que un hipotético adelanto electoral le pillaría con la unidad del espacio en duda y con buena parte de sus promesas electorales aún sin cumplir.
En estos dos años, los de Díaz han comprobado que gobernar y cohesionar un mosaico tan amplio de fuerzas no son tareas compatibles sin una arquitectura política sólida y una interlocución constante. Y la segunda mitad de la legislatura pondrá a prueba no solo su capacidad para arrancar nuevas medidas sociales, sino también la viabilidad de un proyecto que nació con la promesa de sumar y que, por ahora, parece más pendiente de evitar que nadie reste.
