El nuevo presidente de Polonia, Karol Naworocki, puede acabar con el suministro de internet a Ucrania a través de la red de satélites Starlink, de Elon Musk, en un marco de confrontación con el Gobierno. Polonia financia Starlink para Ucrania. Entre el 2022 y el 2024 adquirió 24.500 terminales para prestarlos al vecino país invadido, a los que sumó otros 5.000 el pasado abril. Este recurso es vital para el país en guerra.
Ahora, Nawrocki pretende condicionar la continuidad de Starlink para Ucrania imponiendo su veto a las ayudas a 1,5 millones de ucranianos refugiados en Polonia, cosa que hizo ayer, aprovechando que la ley expira a finales de septiembre. El vice primer ministro y ministro para Asuntos Digitales, Krzystof Gawkowski, dijo que la legislación vetada es precisamente la que provee de base legal al suministro de Starlink, por lo que el 1 de octubre este podría desaparecer. “Es el fin” de internet para Ucrania “mientras lucha en la guerra”, señaló.
El ultra Nawrocki dijo en campaña electoral que pondría “a los polacos primero” y recortaría los derechos de los extranjeros
Un portavoz presidencial dijo a la agencia Reuters que la cuestión de Starlink podría resolverse si el Parlamento acepta la limitación de las ayudas a los refugiados, como desea Nawocki. En Polonia, el presidente puede proponer leyes y vetar las del Gobierno, pero este puede igualmente bloquear las propuestas del presidente.
Nawrocki dijo en campaña electoral que pondría “a los polacos primero” y recortaría los derechos de los extranjeros. Las ayudas a los ucranianos suponen unos 200 euros mensuales por niño para las familias. El político ultra exige que solo reciban ayuda, y acceso a los servicios públicos de salud, los refugiados que trabajen.
“No se puede castigar a nadie por perder su trabajo, especialmente a niños inocentes. Es el abecé de la decencia humana”, declaró la ministra de Trabajo, Agnieszka Dziemianowicz-Bak. En contra de la visión de Nawrocki, la patronal Lewiatan señaló en un comunicado que hasta el 80% de los ucranianos trabaja, una de las tasas más altas entre los refugiados de guerra en los países de la OCDE.
