El Gobierno aprobó ayer la declaración de “zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil” para las comunidades golpeadas por los incendios y las danas de este verano. Una decisión que implica la activación inmediata del dispositivo de ayudas a particulares, empresas y administraciones.
El balance de catástrofes naturales entre el 23 de junio y el 25 de agosto es alarmante. 113 grandes incendios —15 de ellos aún activos— y cinco episodios de lluvias torrenciales han golpeado a un total de 16 comunidades, con la única excepción de Euskadi. Lo que permite deducir que el riesgo es más estructural que puntual, tal y como argumentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando interpeló a partidos, sociedad y comunidad científica para consensuar un pacto de Estado contra la emergencia climática que estabilice procedimientos.
Moncloa no ve interés en el registro de pirómanos de Feijóo, pero estudiará sus otras 49 propuestas
Mientras se define el nuevo marco normativo, el Ejecutivo ha optado por reactivar el esquema de compensaciones fijado en el Real Decreto 307/2005. A través de esta vía, los afectados podrán solicitar ayudas en caso de fallecimiento o incapacidad permanente o por la destrucción total de la vivienda habitual, además de una batería de exenciones fiscales que incluyen el IBI y el IRPF sobre las ayudas personales.
El propio Ejecutivo reconoce que las cuantías, establecidas en 2005 están “desfasadas” –prevén 15.200 euros por fallecimiento o incapacidad y 18.000 por la destrucción de vivienda–. Prueba de ello es que, ante episodios recientes como la dana de Valencia o el volcán de La Palma, se optó por planes específicos que elevaron sensiblemente las compensaciones, hasta 72.000 euros en casos de incapacidad y 60.000 euros para la reparación de viviendas.
La experiencia de aquellos precedentes relativamente recientes ha convencido al Gobierno de la necesidad de actualizar el marco general de ayudas y contar con un instrumento estable que responda a los nuevos riesgos que, “por desgracia, apuntan a ser cada vez más frecuentes y virulentos”, advirtió la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
En Moncloa confían en que Feijóo se libere del negacionismo de Vox y acabe participando en el borrador del pacto de Estado
En paralelo, el Ejecutivo rechazó de plano la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de crear un registro nacional de pirómanos —recordó que “las cifras oficiales descartan que sean responsables de la mayoría de los incendios”—, aunque se mostró dispuesto a estudiar el resto de las 50 medidas planteadas por los populares. La expectativa es que la principal fuerza de la oposición actúe con “mínima responsabilidad” y acabe participando en la redacción del borrador del pacto de Estado.
En Moncloa confían en que Feijóo se libere del influjo del negacionismo climático de Vox que, hasta ahora, según el Gobierno, ha condicionado los postulados del PP por “cálculos electorales difíciles de justificar frente a la magnitud de la emergencia”.
Presupuestos
El Ejecutivo frena las prisas: “Partido a partido”
Una vez celebrado el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego, el Ejecutivo redobló su compromiso de presentar los presupuestos generales del Estado, pero pidió tiempo para negociar los apoyos que no obtuvo en 2023 y 2024. “Capacidad de diálogo no va a faltar, pero hay que ir partido a partido”, matizó Alegría.
