Redadas contra personas por su color de piel, condiciones de arresto infrahumanas –con torturas, abusos sexuales, incluidos–, retenciones en centros saturados sin comida durante días o expulsiones colectivas a lugares recónditos de la frontera. Estas son algunas de las violaciones de derechos humanos que han sufrido en Mauritania inmigrantes a manos de las fuerzas de seguridad que controlan las fronteras marítimas y terrestres, mientras el país africano es regado por fondos de la Unión Europea y España para contener los cayucos que parten hacia Canarias. Todas ellas las ha documentado Human Rights Watch en un informe, que ve la luz este miércoles, en el que se denuncia cómo las ayudas comunitarias para controlar la inmigración irregular están fomentando “duros enfoques de represión” contra potenciales solicitantes de protección internacional como ha sucedido previamente en Túnez, Libia o Marruecos.
Durante más de cuatro años de investigación, la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, ha entrevistado a 223 personas, por teléfono y en persona, durante visitas a Mauritania, Malí, Senegal y Bélgica. Entre ellas, 102 migrantes y solicitantes de asilo senegaleses, malienses, guineanos, liberianos y cameruneses —78 de ellos víctimas de violaciones de derechos humanos—, y 121 funcionarios de la UE y la ONU, miembros de oenegés, familiares de víctimas, testigos y abogados. Human Rights Watch ha examinado lesiones sufridas, recopilado fotografías y vídeos y analizado documentos que corroboran los relatos de los entrevistados, además de comprobar in situ las condiciones de vida de los retenidos.
El demoledor documento, de 147 páginas, impacta contra el enfoque securitario de la política migratoria del Gobierno de España que abandera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acompañó al presidente Pedro Sánchez en su último viaje a Nuackchot, a mediados del pasado mes de julio. Es más, siete personas sitúan a agentes de la Policía Nacional o Guardia Civil en el lugar de los abusos, junto a policías mauritanos, entre 2021 y 2022. Algo que, según alerta Human Rights Watch, evidencia “que las autoridades españolas conocen o deberían conocer” las cadena de violaciones de derechos.
Malos tratos. “Éramos más de 40 [migrantes] rumbo a la frontera. Los militares nos capturaron. Dijeron que no teníamos visa [y] la manera en que entramos fue inapropiada. Nos ordenaron que nos tumbáramos; algunos nos golpearon con palos, otros usaron algo parecido a un látigo de goma. Me golpearon la rodilla y desde entonces se me está hinchando. Nunca había visto una actitud tan brutal hacia los seres humanos”. Lo cuenta Marco Gibson, liberiano de 46 años, que entró irregularmente en diciembre de 2024. Fue expulsado dos semanas después.
El estado en el que quedaron las rodillas de un migrante que denuncia golpes por parte de la policía mauritana
Detenciones arbitrarias. “Éramos tres en mi habitación. La policía llamó a mi puerta; había tres agentes mauritanos y tres españoles vestidos de civil. Un policía mauritano me agarró el cuello de la camisa, me preguntó ‘¿eres Karim?’, respondí ‘No, soy Thierno’. Me dio una bofetada, me esposó. Registraron mi habitación. Me preguntaron ‘¿a qué te dedicas?, respondí ‘soy conductor’. ‘No, todos sois inmigrantes, vais a España’, acusaron. Se llevaron todos mis documentos diciendo que si no encontraban nada, nos los devolverían. A Thierno Diallo, guineano de 34 años, le confiscaron su dinero antes de ser expulsado.
Abusos sexuales. El director de un albergue para migrantes en Bamako (Mali) afirmó que una camerunesa de 20 años fue presuntamente agredida sexualmente. “Según su relato, dos policías la sacaron del centro con el falso pretexto de que debía hacer algunas tareas domésticas. La retuvieron en casa de un agente durante dos o tres días: ambos policías la violaron”. El mismo director sobre un veinteañero camerunés: “Aseguró que dos policías mauritanos lo violaron… lo sodomizaron”. Hay parte se su examen médico: “Lloraba todo el tiempo”.
Condiciones inhumanas en centros de detención. “Pasé una semana allí, hasta que tuvieron que expulsar a unas veinte personas a Mali. Ninguno comimos durante ese tiempo, solo bebimos agua, no nos permitieron ir al baño. Tenían un cubo en un rincón para orinar. Piensan que no mereces ayuda por ser negro. Esa fue la experiencia de un camerunés de 30 años en el centro de Ksar en junio de 2022. Más reciente, en enero de este mismo año, otro migrante de Camerún, de 24 años, afirmó que la policía seguía sin proporcionar comida allí. “Si querías comer, había que pagar”.
Esa fue la experiencia de un camerunés de 30 años en el centro de Ksar
Expulsiones colectivas. “Antes eran dos o tres [grupos] al mes, pero ahora vemos de 30 a 50 personas cada pocos días”, informó un trabajador de Cruz Roja en Mali refiriéndose a expulsiones colectivas –prohibidas por el derecho internacional– que realiza la policía mauritana en las fronteras de Mali y Senegal, tras trasladar a los migrantes cientos de kilómetros en autobuses. “A menudo llegan encadenados, al mirarles las muñecas se pueden ver las heridas”, declaró otro empleado de una asociación maliense a favor de los derechos humanos. “Estaba tan apretado que me dolía, pero cuando se lo dije a la policía, no me hicieron caso”, narró un joven guineano sobre su expulsión en junio de 2022 a Senegal, mostrando a Human Rights las cicatrices de sus muñecas.
La mano dura que Mauritania viene empleando este año, como publicó La Vanguardia el pasado 3 de agosto, ha servido para ralentizar la llegada de cayucos a Canarias, que han experimentado el mayor descenso en años. Un 46% menos que en 2024, en lo que llevamos de año. Esto coincide con el “repentino” –califica Human Rights Watch– aumento de las detenciones de migrantes entre enero y marzo de 2025, que fue seguido de una oleada de expulsiones a Senegal y Mali. En los primeros seis meses de 2025, Mauritania afirma haber expulsado a más de 28.000 personas. Suponen el doble de todas las realizadas en 2024. El triple que en 2023. Diez veces más que en 2022. Otro testimonio denuncia la presencia de “muchos niños” entre los expulsados. Incluso un funcionario del Ministerio de Familia reconoció el problema: “Si un niño no tiene papeles y parece mayor, las autoridades lo expulsan”.
El informe ha sido puesto en manos del Gobierno mauritano, desde donde respondieron con una carta en la que se recogía que se están poniendo en marcha “numerosas medidas positivas” en materia de derechos de los refugiados, que incluyen capacitación obligatoria de las fuerzas de seguridad” sobre derecho internacional, incluyendo la prohibición de la tortura y técnicas para detectar y proteger a personas vulnerables, modificaciones para mejorar las condiciones en los centros de detención o adhesión informada a un máximo de 72 horas para la detención administrativa.
Un joven muestra las señales que le dejaron las esposas con las que fue llevado a la expulsión
Human Rights Watch reconoce los esfuerzos, pero pide más. Y que España no mire de lado.
