Un día después de que Renfe hiciese pública la supresión del AVE de bajo coste (Avlo) entre Barcelona y Madrid por los problemas técnicos de los trenes de Talgo, el Gobierno ha decidido implicarse con la operadora en la búsqueda de una alternativa.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este viernes en una visita de obras en Murcia que la serie 106 de Talgo “no ha dado el mejor resultado posible” y se ha comprometido a “intentar tener cuanto antes material ferroviario” que permita mejorar el servicio. Para ello, anunció que viajará a Alemania la semana que viene para visitar una fábrica de Siemens. Lo hará acompañado del presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia.
La multinacional alemana suministró 26 trenes de la serie 103 coincidiendo con la llegada a la alta velocidad a Barcelona en el 2008. Desde su entrada en servicio, ha sido la flota que habitualmente presta servicio en el AVE del corredor Barcelona-Madrid. Pese a estar a punto de cumplir la mayoría de edad en circulación, eran los trenes más nuevos de la flota de Renfe hasta que en mayo del año pasado se incorporaron los fallidos Talgo de la serie 106 al servicio de Avlo. A diferencia de éstos, los Siemens han cumplido las expectativas y son sinónimo de fiabilidad.
Pese a las prisas del Gobierno por organizar el viaje y buscar una alternativa a Talgo, lo cierto es que los procedimientos públicos de adquisición de nuevos trenes y su posterior fabricación no representan soluciones de un día para otro. Un concurso público lanzado a día de hoy podría ser una realidad en las vías en dos o tres años, en el mejor de los casos. El precedente de Talgo superó todos los récords: la licitación salió en el 2015 y el primer tren con pasajeros no circuló hasta nueve años después.
Pocas críticas en Catalunya
La retirada del servicio de bajo coste de Renfe entre Barcelona y Madrid, que supondrá un encarecimiento del precio medio de los billetes de tren para los viajeros, solo ha sido criticada de momento por el líder del PP en la capital catalana, Daniel Sirera, que lo considera un “castigo intolerable” para los barceloneses por parte del Gobierno.
