En un nuevo revés judicial para la Administración de Donald Trump, un tribunal de apelaciones rechazó anoche, por dos votos a uno, el uso de la ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes venezolanos a los que la Casa Blanca acusa de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Esta ley, promulgada en el siglo XVIII y prevista para contextos de guerra, ha sido usada hasta ahora como amparo legal para deportar sumariamente a grupos de inmigrantes sin que el Gobierno haya aportado evidencia de que pertenecen a bandas criminales.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., en Nueva Orleans, supone una importante derrota judicial para la política migratoria de Trump, pues es la primera vez que una corte de apelación se pronuncia sobre el fondo de la aplicación de esta medida. Además, se trata de uno de los tribunales más conservadores del país, pero, aun así, dos de sus tres jueces han rechazado el recurso de Trump.
El presidente ha estado usando la ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para deportar de manera exprés, sin necesidad de ser llevados ante un juez, a grupos de inmigrantes principalmente venezolanos a los que acusa de pertenecer a bandas criminales. La ley fue pensada hace más de dos siglos para detener y expulsar rápidamente a miembros de países con los que EE.UU. estuviera en guerra o que hubieran participado en una “invasión” o “incursión depredadora”.
La Casa Blanca alega que los venezolanos a los que identifica como miembros del Tren de Aragua están llevando a cabo una “invasión” de EE.UU., una visión que el tribunal de apelaciones ha desestimado. “Que un país anime a sus residentes y ciudadanos a entrar ilegalmente en este país no equivale en la actualidad a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, interrumpir o dañar de otro modo a EE.UU.”, escribió la magistrada Leslie H. Southwick, una de las tres juezas del tribunal de apelaciones. “No hay ninguna evidencia de que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada y organizada”, sentenció, rechazando el uso de la ancestral ley incluso en el caso de que se estuviera llevando a cabo la inmigración masiva y dirigida por un Estado extranjero, como Trump asegura que está ocurriendo.
Hasta ahora, tan solo se habían pronunciado al respecto jueces federales de distrito; tras el recurso de la Administración, Trump se ha llevado otro varapalo legal y es probable que termine llevando el caso al Tribunal Supremo, donde cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3 magistrados.
Leslie Southwick, magistrada del tribunal de apelaciones
“No hay ninguna evidencia de que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada y organizada”
Con esta sentencia, la justicia ha desestimado el argumento central de Trump en su política antiinmigración: que se está llevando a cabo una invasión de EE.UU. por parte de gobiernos extranjeros. En el caso del Tren de Aragua, la Casa Blanca asegura que la pandilla tiene vínculos con el presidente venezolano Nicolás Maduro, con quien han aumentado las tensiones tras el aumento de presencia militar americana en el Caribe, donde ayer un buque atacó a un barco “cargado de droga” procedente de Venezuela, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Para llevar a cabo este tipo de acciones, tanto la deportación sumaria de supuestos miembros del Tren de Aragua como el ataque a buques en aguas internacionales del Caribe, la Casa Blanca designó en enero a varias de estas pandillas como “organizaciones terroristas transnacionales”. En marzo, mediante una proclamación, Trump comenzó a aplicar la ley de Enemigos Extranjeros y en seguida envió a un grupo de 140 venezolanos a la prisión del Cecot, de máxima seguridad, en El Salvador. Sin embargo, la mayoría de los deportados no tenían antecedentes legales y, según admitió la Administración Trump, algunos habían sido expulsados por sus tatuajes.
El nuevo revés judicial de la Casa Blanca llegó el mismo día que otro juez federal declarara que el despliegue de 5.000 marines y soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles había sido ilegal, y apenas unos días después de un tribunal de apelaciones dictaminara que la mayoría de los aranceles impuestos a casi todos los países del mundo son ilegales, entre otros varapalos legales de la Administración en la última semana.
