La cotidianidad en el País Vasco se topa a menudo con reminiscencias del pasado de la violencia, a veces de manera inesperada. Este verano, en una calurosa mañana de agosto, la playa de Zarautz amaneció presidida por una gigantesca lona, suspendida sobre el cercano muro de Santa Bárbara, en la que se podían ver dos rostros y una referencia temporal, 1975-2025. Se trataba de Juan Paredes Manot Txiki y Ángel Otaegi, fusilados el 27 de septiembre de 1975. La pancarta recordaba que en pocos días se cumple medio siglo desde su ejecución y, de nuevo, ha puesto a la sociedad vasca ante la asignatura de la memoria.
La cuestión resulta espinosa. Txiki y Otaegi fueron los últimos ejecutados del franquismo, junto a los miembros del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Xosé Humberto Baena. Fueron militantes de ETA en la etapa final de la dictadura, y los consejos de guerra franquistas que les sentenciaron a muerte, sumarísimo en ambos casos y sin garantías judiciales, les imputaron sendos delitos de sangre: en el caso de Txiki, la muerte en un tiroteo del policía Ovidio Díaz López y, en el caso de Otaegi, haber colaborado en el asesinato del guardiacivil Gregorio Posadas.
El director del instituto vasco de la memoria Gogora, el socialista Alberto Alonso, reconoció que “son víctimas del franquismo”, aunque matizó que “de ahí a decir que luchaban por la libertad va un paso”: “Luchaban contra la dictadura, pero utilizando las mismas herramientas: la violencia, el terror y el miedo”.
Bildu, mientras, censuró las palabras de Alonso, acusándole de “equiparar el franquismo y el antifranquismo, el fascismo y el antifascismo”. Y el hasta hace un año lehendakari Iñigo Urkullu pidió “respeto” en la medida en que “son víctimas de vulneraciones de derechos humanos”, al tiempo que cuestionó que se les “instrumentalice políticamente”.
En el ámbito de las víctimas de ETA, la agrupación Covite, presidida por Consuelo Ordoñez ha señalado que Txiki y Otaegi se ajustan de manera precisa a la “doble condición de víctimas-victimarios”. Mientras, María Jauregi, hija del socialista asesinado por ETA Juan Mari Jauregi ha hecho suyas las reflexiones del catedrático de Derecho Penal Jon Mirena Landa cuestionando los “efectos corrosivos” de esa doble calificación, especialmente para aquellas víctimas cuyo reconocimiento estaría de facto “pendiente”, como es, a su entender, el caso de los últimos fusilados del franquismo.
A pesar de la contundencia del rango temporal que reflejaba la lona de Zarautz, 1975-2025, la cuestión sigue generando grietas. José Manuel Bujanda, miembro de ETA durante los últimos años del franquismo, opuesto a la violencia desde la Transición y militante del PNV desde los años 90, aporta un testimonio histórico valioso y una reflexión ética.
Jose Manuel Bujanda, militante del PNV y, durante el franquismo, compañero de Txiki en ETA
De entrada, Bujanda ve arriesgado “juzgar y pontificar con las gafas de 2025 sobre la violencia en tiempos de Franco y Carrero Blanco”: “He señalado muchas veces que me arrepiento: me arrepiento de haberme equivocado. Si hubiera llegado a intuir que las siglas de Euskadi y askatasuna, de ETA, se iban a denigrar y prostituir de tal manera, si hubiera imaginado la monstruosidad a la que se llegaría, jamás habría militado en esa organización. Sin embargo, somos hijos de nuestras circunstancias y de nuestro tiempo”.
Bildu ha cargado contra el director del instituto de la memoria: “Equipara franquismo y antifranquismo”
Las circunstancias de Bujanda fueron las de “un hijo de una familia nacionalista vasca y cristiana, muy castigada en la Guerra Civil y reprimida en el Franquismo”: “Es conocido que los hijos que se sienten derrotados en ocasiones se rebelan ante esa situación”.
A los 16 años ya militaba en IAM, una agrupación abertzale estudiantil clandestina, con la que se dedicaba a impartir clases de euskera y a hacer pintadas. En torno a 1970, sin embargo, ETA se cruza en su camino. “Nuestro entrenador de rugby, un militar retirado, nos había proporcionado pasaportes para poder cruzar la frontera y jugar en Biarritz o Baiona. Ese salvaconducto resultaba muy interesante para ETA. Tras una redada en la que alguien cantó mi nombre, crucé la frontera y me enrolé en lo que después sería ETA político-militar”, indica.
En la clandestinidad, poco después del atentado contra Carrero Blanco, conoce a Juan Paredes Txiki, hijo de otras circunstancias: venía de una familia extremeña llegada a Zarautz. Durante meses conviven a uno y otro lado de la frontera, especialmente en el valle navarro de Sakana: “Él sabe que me llaman Bixar y yo que él es Txiki. Nada más. Le enseño algo de euskera y el Eusko Gudariak, que serían sus últimas palabras”.
En febrero de 1975, Bujanda es detenido y “torturado hasta querer morir”. Txiki cae en julio, en Barcelona. El franquismo, ya en su ocaso, lanza un mensaje ejemplarizante. Y Franco firma sus últimas sentencias de muerte.
Txiki y Otaegi se convierten en gudaris en el mundo abertzale. Bujanda permanece en prisión hasta la amnistía de 1977. Después, se involucra en la política de partidos, primero en Euskadiko Ezkerra (EE), como otros muchos polimilis , y definitivamente en el PNV. Tanto en su desempeñó profesional, en el ámbito académico, como en sus responsabilidades políticas, siempre repudiaría sin ambages la violencia.
“Yo soy partidario de recordar, que no es manipular. Yo tuve la oportunidad de evolucionar política y éticamente, y terminé en el PNV. Mario Onaindia, condenado a muerte en el Proceso de Burgos, terminó en el PSE. Y otros siguieron en la izquierda abertzale. A Txiki y Otaegi no les permitieron evolucionar porque les fusilaron”, concluye.
Los tres miembros del FRAP ejecutados ese mismo día
La repercusión que los fusilamientos de Txiki y Otaegi tuvo en el País Vasco y la posterior referencialidad que adquirirían en el mundo abertzale hizo que los otros tres fusilados aquel 27 de septiembre de 1975 quedasen en un segundo plano. José Luis Sánchez Bravo (Vigo, 1954), Ramón García Sanz (Zaragoza, 1948) y José Humberto Baena (Vigo, 1950) eran miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), una organización de inspiración marxista-leninista que se había formado a comienzos de los 70 para combatir al franquismo mediante la violencia.
Sánchez Bravo y García Sanz fueron condenados por la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en Madrid, en el verano de 1975, así como por su vinculación con otras acciones subversivas del FRAP . José Humberto Baena fue acusado de ser el autor material del atentado contra el policía Lucío Rodríguez Martínez el 14 de julio del mismo año en Madrid.
En los tres casos, los consejos de guerra estuvieron plagados de irregularidades y no existieron las mínimas garantías. En el caso de Baena, la dictadura no permitió que declarase una testigo que le exculpaba y que llegó a ir tres veces a comisaría a advertir del error.
Las ejecuciones se llevaron a cabo al amanecer del 27 de septiembre en tres lugares distintos . Aquella jornada, que pasaría a la historia como el “sábado negro”, provocó una condena internacional sin precedentes. Hubo manifestaciones en numerosas capitales europeas, asaltos a embajadas y la retirada temporal de embajadores de varios países europeos. En España, la represión fue brutal: las protestas se saldaron con varios muertos y centenares de detenidos.
