El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado este jueves a las organizaciones sociales la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030. El documento de 55 páginas, al que ha tenido acceso La Vanguardia, contiene 12 medidas que buscan definir de forma estructural el conjunto de medias de ayudas que de forma coyuntural se han ido desplegando desde el inicio de la crisis del covid y posteriores. El documento estará en consulta pública y luego podrá ser aprobado por decisión del Consejo de Ministros sin necesidad de contar con el apoyo de los grupos políticos. Entre otras cosas porque no cuenta con una memoria económica para la aplicación de las 12 medidas que plantea.
Entre ellas destaca el reto de definir con mayor exactitud los indicadores que permiten identificar con mayor precisión a los consumidores vulnerables para canalizar de forma más eficiente el acceso al bono social cuya adquisición no será automática. Para ello se pondrá en marcha un Observatorio de Pobreza Energética en el que participara tanto la administración central, como las comunidades autónomas, corporaciones locales y entidades del tercer sector.
La segunda medida reformula la garantía de suministro para los consumidores vulnerables y electrodependientes. Se consolida el principio de precaución para garantizar que el acceso al suministro en situación de vulnerabilidad como se viene haciendo hasta ahora, pero se va a desarrollar una normativa que defina procedimientos, criterios, plazos asi como “los condicionantes de suspensión de suministro para evitar su ejecución cuando no exista asistencia disponible o en situaciones extraordinarias”.
Los más vulnerables ahora no acceden al bono social
El objetivo de esta medida, según lo plantea la propuesta, es garantizar que los beneficiarios del bono son los hogares que realmente lo necesitan y cerrar la brecha actual que ha detectado que hay muchas familias que por sus condiciones sociales de vulnerabilidad deberían recibir esta ayuda y no lo están haciendo mientras que otras con mayores ingresos sí lo disfrutan. Para ello, se facilitará el acceso a los consumidores más vulnerables a centros de ayuda y se reforzarán las medidas de protección para este colectivo.
A partir de la aprobación de esta estrategia, se tendrán en cuenta como criterio de vulnerabilidad energética no solo la capacidad de los hogares de calentarse en invierno sino también que sus necesidades de refrigeración en casos de alta temperaturas y se liga la prohibición de los cortes energéticos por primera vez también durante olas de calor. A lo que se suma la estructuración de una red de refugios climáticos.
Proyectos piloto para reformas parciales de vivienda
La coordinación con las comunidades autónomas también será clave para categorizar con mayor precisión a los destinatarios de las ayudas. Un proceso en el que también se va a involucrar a los servicios de atención primaria para que cuando un paciente acuda a su médico y este detecte indicios de esa vulnerabilidad energética pueda comunicarlo a los servicios sociales pertinentes.
Entre las medidas que contiene la propuesta se ha diseñado un programa de proyectos pilotos con el fin de financiar la intervención exprés en viviendas vulnerables para facilitar obras de rehabilitación puntuales con el fin de rebajar las deficiencias energéticas de las mismas.
Prohibe las llamadas comerciales en el sector energético
Las medidas de protección a los consumidores se generalizarán más allá de los vulnerables, exigiendo a las comercializadoras la creación de un defensor del consumidor que facilite el acceso a sus datos de consumo, garantice la prohibición de llamadas comerciales no solicitadas en el ámbito energético.
Se impulsará el desarrollo de comunidades energéticas de autoconsumo colectivos ligando parte de las ayudas a la inclusión activa entre sus destinatarios de consumidores vulnerables.
