Bitcoin (BTC) y las stablecoins están escalando al centro del debate en la contienda por la presidencia de Colombia, con varios precandidatos y figuras influyentes de la política y la economía manifestando posturas diversas sobre su regulación e integración.
Durante el evento Latam Fintech Market 2025, celebrado el 11 de septiembre en Barranquilla, algunos políticos sostuvieron que hay que responder con urgencia ante el vacío regulatorio, para evitar que el mercado informal supere al Estado. Este debate, en el que participaron cinco precandidatos a las elecciones presidenciales de Colombia, se magnifica en un contexto global donde varias naciones exploran la adopción de bitcoin como parte de sus reservas.
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda e inscrito a la candidatura con el comité Solo Unidos Avanza, plasmó la necesidad de crear un marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales. Cárdenas argumenta que «crear un banco hoy en día requiere un capital gigantesco y, por lo tanto, es una barrera, necesitamos nuevas licencias y una de ellas es el proveedor de servicios de activos virtuales».
El exministro destacó que la presencia de un banco importante en Colombia operando con criptomonedas demuestra que «el mercado va delante del Estado». Su propuesta incluye la reglamentación de licencias financieras para activos digitales, priorizando las stablecoins respaldadas en dinero fíat. Subrayó que, con 1.150 millones de dólares mensuales en remesas llegando a Colombia, la regulación permitiría «ahorrar costos a los colombianos que reciben esas remesas» y facilitar transacciones más rápidas y seguras bajo vigilancia estatal.
En línea con la necesidad de regulación, el economista Juan Daniel Oviedo, inscrito a la contienda electoral presidencial con su movimiento político “Con todo por Colombia”, cree que frente a los criptoactivos, «más que generar barreras hay que reglamentar».
Oviedo considera que esta es una «oportunidad fundamental para ofrecer seguridad jurídica y acabar con los delincuentes que en transacciones de activos virtuales están lavando dinero de las economías ilegales en el país». Para el economista, esto demanda una ley de activos digitales que «permita y establezca las formas de intercambio y que permita la tokenización de los activos de la economía para que podamos desarrollar mercados secundarios de crédito y podamos generar liquidez con los activos inmobiliarios».
Desde la esfera política, el exsenador y precandidato presidencial David Luna, de Cambio Radical, habló sobre el uso de blockchain como herramienta para combatir la corrupción.
Luna afirmó que «si metemos una dosis de blockchain al gobierno y al Estado se les va a acabar parte de su negocio». El precandidato sostiene que la tecnología avanza más rápido que la política y la legislación, y que las criptomonedas «no pueden seguir siendo como un enemigo, sino que, por el contrario, debe ser la mejor herramienta para la democratización y para algo que creo yo es fundamental y es promercado».
Para Luna, es crucial «tomar decisiones de la mano de regulaciones que sean no solo sensatas, sino producto de muchos sandbox, donde podamos discutir y construir».
Contrastando estas visiones, la precandidata María José Pizarro expresó cautela, afirmando que la innovación debe estar «a servicio del 100% de los colombianos y no solamente de unas élites políticas que se enriquecen y de unos mafiosos que lavan sus recursos precisamente en un sistema que hoy no está regulado en Colombia».
Pizarro fue enfática al señalar que «cualquier recurso que se lave en este sistema tiene que ser cerrado», y que la innovación tecnológica «tiene que estar en función de la legalidad». Además, propuso la creación de «criptomonedas ligadas a la transición energética porque el consumo es inmenso», haciendo referencia al impacto ambiental de la minería de criptoactivos.
Bitcoin en el escenario político de Colombia
Por su parte, la precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se mostró como una ferviente defensora de bitcoin, declarando: «Soy conocedora de bitcoin. Me gusta porque refleja la mejor expresión de libertad. Es mi dinero, yo decido dónde lo pongo. No solo descentraliza, sino que desregula».
Cabal criticó abiertamente «el miedo de un sector que ha sido prácticamente el dueño del destino de los colombianos», refiriéndose al sector financiero tradicional. Entre sus propuestas concretas, planteó la creación de una mesa técnica con expertos para diseñar políticas públicas sobre bitcoin, la inversión estatal en BTC utilizando bonos de deuda próxima a vencer, y una reforma monetaria «virtuosa» que permita cuentas en múltiples divisas (dólares, euros) y bitcoin.
El debate sobre bitcoin y stablecoins en la carrera presidencial colombiana refleja una tendencia global de gobiernos y bancos centrales explorando cómo interactuar con las finanzas descentralizadas.
Mientras que la promesa de mayor eficiencia en las remesas, la democratización financiera y el combate a la corrupción seducen a algunos, la preocupación por el lavado de dinero, la volatilidad y el impacto ambiental genera escepticismo en otros. La futura administración colombiana se enfrentará al desafío de equilibrar la innovación tecnológica con la estabilidad financiera y la seguridad nacional, en un esfuerzo por no quedarse atrás en la economía digital emergente. La decisión final sobre cómo integrar estos activos digitales tendrá implicaciones significativas para el futuro económico y social del país.
Si bien, durante su campaña, el actual presidente Gustavo Petro coqueteó con la idea de introducir bitcoin en la economía de Colombia, como lo informó CriptoNoticias en 2023, durante su presidencia no ha estado marcada por un impulso decidido en esta dirección.
