El Tribunal Supremo dio ayer el pistoletazo de salida para enjuiciar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pocas horas después de que el máximo representante de la Fiscalía presentara su escrito de defensa pidiendo su absolución en la causa que se sigue contra él por un presunto delito de revelación de secretos, el TS dictaba una providencia con la composición del tribunal. Serán siete magistrados, de mayoría conservadora, quienes en primera y última instancia decidirán si condenan a García Ortiz, si le envían a prisión o si finalmente le inhabilitan.
Será un hecho histórico ver a un fiscal general, además todavía ocupando el sillón de la calle Fortuny, sentado en el banquillo de los acusados. Como actual presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta presidirá la vista oral. Junto a él se sentarán Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Susana Polo y Carmen Lamela. A excepción de las dos últimas, los demás fueron los magistrados que conformaron el tribunal del procés, y que acabó con una condena a los líderes independentistas de hasta 13 años de prisión por un delito de sedición. En aquella ocasión, todos ellos votaron la resolución por unanimidad.
Fuentes del tribunal sostienen que la intención es que el juicio pueda comenzara lo antes posible y que sea lo más rápido que se pueda. Se contempla la posibilidad de que se celebre a mediados de noviembre. Primero tienen que fijar la prueba, es decir el listado de testigos y documentos que se exhibirán en la vista.
El espectáculo mediático está garantizado. A la espera de conocer la lista definitiva, uno de los testigos propuestos es Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz está acusado por supuestamente revelar unos correos electrónicos confidenciales entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y el fiscal que le estaba investigando por fraude fiscal.
El letrado proponía un pacto de conformidad a cambio de reconocer el fraude. Aquellos mails acabaron en la prensa en marzo de 2024 después de que Rodríguez acusara a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria de montar una operación política contra Ayuso persiguiendo a su novio.
El testimonio de los periodistas
En la vista oral, los jueces tendrán que escuchar todas las testificales y analizar la prueba. El juez que le ha investigado, Ángel Hurtado, llegó a registrar el despacho del fiscal general del Estado en busca de mails o mensajes de teléfono que le vinculase con esa filtración. La realidad es que no apareció nada porque entre otras cosas, el teléfono había sido borrado. Los periodistas que publicaron las informaciones negaron ante el instructor que García Ortiz hubiese sido su fuente, aunque no pudieron desvelar quién fue por su obligación y derecho a proteger a las fuentes consagrado por la Constitución.
Hurtado no les dio credibilidad aunque tampoco entendió que habían mentido porque de lo contrario hubiese abierto una pieza por falso testimonio. Con toda probabilidad estos periodistas volverán a ser citados a declarar y, en esta ocasión, los siete magistrados valorarán si su testimonio tiene suficiente entidad de descargo para el fiscal general del Estado.
González Amador y Ayuso han utilizado esta causa contra el fiscal general para intentar desacreditar el fraude fiscal por el que el empresario está procesado al calificarlo de una persecución política. Mientas tanto, el fiscal general se defiende, lo niega todo, y sigue sin querer entregar su cargo. Considera que es una cabeza de turco, que él es inocente y por eso va a seguir en su puesto hasta el final.
Si es condenado, quedará inhabilitado y, por tanto, ya no habrá más margen de maniobra. Además, al estar aforado le juzga directamente el Supremo sin tener capacidad de una segunda instancia. Eso significa que lo que decidan estos siete magistrados será su destino final.
Las acusaciones le piden hasta seis años de prisión y el juez Hurtado ya le ha fijado 75.000 euros de fianza para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias en caso de ser condenado. Su entorno confía en que quede finalmente absuelto, aunque no puede evitar temer que el choque tan fuerte que existe actualmente entre el poder judicial y un Gobierno que le ha elegido como fiscal general pueda acabar perjudicándole.
“Víctima del aparato institucional” de Ayuso
García Ortiz se considera una víctima del aparato institucional de la Comunidad de Madrid, que ejecutó una “operación perfectamente orquestada” para contrarrestar la repercusión política negativa que se había producido tras hacerse público que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por fraude fiscal. La Abogacía del Estado, que ostenta la defensa del fiscal general, sostiene que fue el entorno de Ayuso quienes filtraron los mails manipulados para presentar a González Amador como una víctima de una “operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la AEAT y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la comunidad”, recoge el escrito de defensa.
