La preocupación por el problema de la vivienda se ha disparado 30 puntos en el País Vasco en cuestión de dos años, consolidándose como la primera inquietud ciudadana entre el conjunto de la población (lo es para el 51%), especialmente entre quienes se declaran de clase baja (51%) y, aun más, entre quienes se definen como clase media (53%), según el Sociómetro vasco. Con el precio del metro cuadrado a la cabeza en España, sólo superado por Baleares y Madrid, la cuestión se sitúa también entre las prioridades de la agenda política y está propiciando un debate sobre el enfoque de las políticas de vivienda.
De primeras, hay que mencionar que en Euskadi se vienen ensayando políticas de vivienda comparativamente innovadoras y que han incorporado dos características que el Gobierno central ha prometido extender: la perpetuidad de la vivienda pública (desde 2003) y la priorización del alquiler en las promociones de carácter público. No obstante, el Ejecutivo vasco, conformado por el PNV y el PSE, que gestiona la cartera de Vivienda y Agenda Urbana, ha manifestado su intención de ir un paso más allá esta legislatura, a la vista de que los precios siguen siendo prohibitivos para la mayoría.
La preocupación por acceder a un hogar se ha disparado 30 puntos en el País Vasco en cuestión de dos años
El Gobierno vasco ha aprobado un decreto de medidas urgentes que, entre otras cosas, busca ampliar el abanico de quienes se pueden beneficiar de las políticas de vivienda. La norma certifica el compromiso de dedicar el 50% de toda la vivienda protegida en alquiler a jóvenes, amplía las ayudas al alquiler para jóvenes a pisos de hasta 900 euros (el máximo, en el caso de las capitales), incrementa los umbrales máximos de renta para acceder a los programas de vivienda pública en alquiler (en el caso del programa Bizigune, por ejemplo, hasta 45.000 euros) y, asimismo, amplía los ingresos máximos para acceder a las ayudas al alquiler, entre otras medidas. Antes, en julio, el Gobierno vasco aprobó una línea de avales para la compra de vivienda, de la que se podrán beneficiar menores de 39 años para inmuebles con un precio máximo de 340.000 euros.
A falta de que los partidos aborden una modificación general de la normativa en materia de vivienda (la actual Ley fue aprobada en 2015 con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD, sin el apoyo del PNV y el PP), el debate en Euskadi aborda la disyuntiva entre si las políticas de vivienda deben centrarse en los más vulnerables o si, en un momento como el actual, deben atender, además de a los más desfavorecidos, a las clases medias y trabajadoras.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista, Denis Itxaso, se ha posicionado claramente al respecto: “encontrar hoy un alojamiento digno ya no es sólo un problema de los más vulnerables; afecta directamente a la estabilidad de las clases medias”.
Por parte del PNV, mientras, el parlamentario Jonatan Moreno hace una lectura en clave sociopolítica: “las democracias liberales europeas están sufriendo por un problema de desafección política bestial. Esa desafección, también en Euskadi, reside sobre todo en la clase media, que son la base sobre la que se sostiene el Estado de Bienestar. Estas clases medias ven frustradas sus expectativas y empiezan a sentir que los diferentes Gobiernos no están gobernando para ellos. Se sienten como meros proveedores de unos recursos de los que en muchos casos no se benefician. Un claro ejemplo es la cuestión de la vivienda, que no sólo afecta a los más vulnerables, sino también a las clases medias, a jóvenes con un trabajo y cierta estabilidad. Atenderles es necesario para solucionar sus problemas, y es imprescindible para preservar la legitimidad del Estado de Bienestar, que han contribuido a construir, ellos y sus padres”.
Este enfoque, sin embargo, no convence al primer partido de la oposición, EH Bildu. La coalición habla de “contrarreforma” y pone el foco en construir un gran parque público de vivienda, llegando a los estándares europeos y consiguiendo que en torno al 10% de la vivienda que se oferte sea vivienda pública en alquiler (hoy se sitúa por debajo del 3%).
Desde EH Bildu consideran que la ampliación del parque público en alquiler “llevaría a una caída de los precios y serviría para hacer frente a la especulación”. La coalición plantea, en este sentido, acercarse a las 100.000 viviendas de alquiler público, frente a las en torno a 28.000 que hoy existen.
