Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF iniciarán el próximo 30 de octubre, un día después del aniversario de la dana de finales de 2024, su calendario de movilizaciones en las subdelegaciones de Gobierno de toda las provincias de España y en Madrid en las puertas del Ministerio de Función Pública para exigir un nuevo acuerdo salarial.
Con esta primera manifestación, se inicia una campaña que irá “en presión ascendente” y donde no se descarta “ningún escenario” hasta que el Gobierno no abra la mesa de negociación, como han indicado el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, hoy en rueda de prensa. Bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, las movilizaciones comenzarán el próximo 30 de octubre con concentraciones frente a las subdelegaciones de Gobierno de toda España y al Ministerio de Función Pública en Madrid, y continuarán con una gran concentración en noviembre en Madrid “si el departamento que dirige Óscar López continúa bloqueando la negociación”, afirmaron.
En el caso de que Función Pública persista en esta actitud, las tres organizaciones sindicales convocarán una jornada de huelga a nivel nacional el próximo mes de diciembre. “El Gobierno, que sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo. De lo contrario tendrá sobre la mesa la primera huelga en las Administraciones Públicas de la era de Pedro Sánchez”, ha avisado Borra.
El último Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI cubrió los años 2022, 2023 y 2024 y supuso un incremento de los salarios de más de tres millones de trabajadores de un 9,5% acumulado en estos tres ejercicios, en plena escalada de los precios por la invasión rusa de Ucrania. Pero no ha habido ninguna revisión desde entonces. “Pedimos un nuevo acuerdo donde tiene que haber una subida salarial, donde se tiene que ver qué índices se manejan en esa subida salarial, qué revisión y qué cláusulas de revisión tiene que haber para que no se pierda poder adquisitivo”, ha dicho Isabel Araque.
De momento, los empleados públicos no han recibido este año ninguna subida salarial, salvo el pago de atrasos por valor del 0,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, correspondiente al anterior acuerdo salarial que ya no está vigente y que se abonó en las nóminas de agosto pasado.
Pero además de la cuestión salarial, los sindicatos también recordaron que se aprobó una Oferta de Empleo Público (OEP) para este año “sin el apoyo de las organizaciones sindicales, porque reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición”, aseguran. Según sus cálculos, en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos, mientras que con la nueva OEP tan solo se crean 4.500 plazas de empleo neto. Palazzo aseguró que también exigirán ofertas de empleo que adecúen las plazas a las necesidades y a esta pérdida de posiciones y a “garantizar la presencialidad”
Por otra parte, las organizaciones destacaron que la temporalidad en las Administraciones Públicas permanece estancada casi en el 30 % y el TJUE nos está exigiendo elevar las indemnizaciones a las personas afectadas y concretar las sanciones a las administraciones que abusen.
