El Govern de la Generalitat tiene previsto aprobar en el Consell Executiu del próximo martes un nuevo decreto con el que pretende dar un paso más en su voluntad de mejorar la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración catalana. Se trata de un decreto que determina la eliminación de 5.740 disposiciones legales que figuran en el portal jurídico de la Generalitat aun estando obsoletas, caducadas o mal indexadas.
Con esta iniciativa, el Govern de Salvador Illa, además de eliminar estas normas, pondrá en marcha una labor de desindexación de muchos actos administrativos que a lo largo de los años han sido publicados erróneamente como normativa en el Portal Jurídic de Catalunya. Esta supresión favorecerá que los ciudadanos y las empresas tengan mayor facilidad y claridad a la hora de consultar la regulación catalana vigente.
Para llevar a cabo esta labor, el Ejecutivo catalán emprenderá dos acciones específicas avaladas por el nuevo decreto: la primera, la derogación de normas que ya no se aplican, un total de 800 decretos y órdenes de entre los años 1977 y el 2024 que ya no están en vigor o que habían caducado. La segunda acción será la depuración del Portal Jurídic de Catalunya con la retirada de casi 5.000 actos administrativos que estaban publicados por error como normas y que incrementaban artificialmente el repositorio jurídico de Catalunya, dificultando así el acceso al compendio normativo que está en vigor. En este caso es la Secretaría del Govern, dirigida por Javier Villamayor, quien articulará una instrucción que lo hará posible.
La iniciativa forma parte del plan para simplificar la legislación y hacerla más accesible a ciudadanos y empresas
Según fuentes del Ejecutivo de Salvador Illa, la iniciativa de “limpieza normativa” iniciada facilitará la consulta y comprensión de las normas vigentes y aportará certidumbre a los ciudadanos y a las empresas sobre el derecho aplicable.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia que lleva a cabo el Departament de Presidència que dirige el conseller Albert Dalmau, con el objetivo de simplificar la burocracia y ofrecer un entorno administrativo favorable y accesible. El decreto que se aprobará este martes para eliminar la legislación obsoleta está incluido en el plan normativo del Govern para el 2025 y, según Villamayor, se trata de “un paso más para garantizar la seguridad jurídica y mejorar la confianza en las instituciones”.
Se trata de “un paso más para garantizar la seguridad jurídica y mejorar la confianza en las instituciones”
Según se recoge en la memoria de justificación del proyecto del nuevo decreto, en los últimos años se han dado algunos pasos similares para reducir el volumen normativo del portal jurídico de la Generalitat. En este documento se indica que desde el 2016 se han impulsado diversas actuaciones para depurar el ordenamiento jurídico vigente. Ese año, bajo el mandato del president Carles Puigdemont, se derogaron 4.615 disposiciones, lo que dejaba el corpus del portal jurídico en 23.290 entradas. Posteriormente, con Pere Aragonès al frente, se aprobaron otros dos decretos. Con el del 2021 se derogaron 1.255 normas y se desindexaron 3.400 actos administrativos, y en el del 2023, 759 normas y 3.500 actos administrativos.
Como resultado, este año el repositorio normativo de la Generalitat cuenta con un total de 14.422 entradas.
La nueva limpieza normativa que lleva a cabo el Govern socialista no es la única iniciativa que ha puesto en marcha en este ámbito. A la vuelta del verano, el Ejecutivo catalán firmó un convenio de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que el organismo internacional evalúe la normativa pública de Catalunya y realice aportaciones que permitan a la Generalitat mejorarla en términos de simplificación, eficiencia y calidad regulatoria. El acuerdo de colaboración, que durará 18 meses, es el primero de esta índole que rubrica una región con la OCDE.
