El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático sigue con su inexorable guerra contra las instalaciones deportivas de playa, los populares clubs náuticos, que como el Club de Mar de Sitges, están amenazados de demolición. El club del Garraf debe ceder las llaves al responsable de Costas del Estado este jueves para que pueda acceder a las instalaciones y cancelar toda actividad. Por el momento, han sido infructuosos los esfuerzos tanto de la Federació Catalana de Vela como de los partidos políticos catalanes en el Congreso, que intentan maniobras de última hora para que se aplique una moratoria a la ejecución.
Primero cayeron los clubs de Cabrera de Mar y Pineda de Mar. Ahora le toca el turno al Club de Mar de Sitges después de superar el plazo inicial que preveía la demolición el pasado 2 de junio. Sin embargo, el ministerio es firme en la decisión de demoler el edificio social, la piscina y las zonas de almacén, advirtiendo que el personal funcionario de la demarcación de Costas que acuda a Sitges estará “auxiliado, en caso de ser necesario, por las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
La ley de Costas amenaza al 85% de los clubs náuticos de playa ubicados en la línea de costa catalana
Si bien no se proyecta inmediatamente el derribo, sí se insta al desalojo, lo que preocupa especialmente a los directivos de la entidad, que advierten que “si la actividad habitual deja de realizarse, el espacio quedará ruinoso y se llenará de ocupas”. Lamentan que el ministerio condene a la desaparición de la entidad que cuenta con 550 socios y 35 trabajadores. Precisamente, éstos últimos se enfrentan a una situación dramática, ya que si pierden su puesto de trabajo, el club ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que no tiene capacidad para afrontar las indemnizaciones. Además, las mismas fuentes aseguran que no disponen de otro espacio donde empezar de nuevo, por lo que la actividad de la vela popular desaparecerá de esta costa del Garraf.
Tampoco han servido de nada los recursos y la petición de medidas cautelares, así como el sinfín de apelaciones que no han estado resueltas en su totalidad, pese a la inminencia de la ejecución. El club de Sitges fue declarado bien cultural de interés local, pero no llegará a tiempo para la catalogación estatal de bien cultural de interés nacional que debería impulsar la Generalitat, unas peticiones que el Estado también ignora.
Desde que la entidad náutica recibió la primera notificación ha sufrido lo que han denunciado públicamente como “coacciones y acoso”. En una ocasión, varios operarios de la compañía eléctrica intentaron cortar el suministro a toda la instalación, sin aportar un mandamiento judicial, ni informar de dónde procedía la orden que les instaba a actuar.
En Catalunya hay otros clubs que ya han recibido notificaciones para proceder a su demolición por parte de Costas del Estado: CN Calella, CM Vilassar, CN Bétulo de Badalona, CN Castelledefels y el Marítim de Torredembarra. Todos ellos consideran que el derribo de los espacios costeros “constituye una ilegalidad flagrante y un ataque a la legislación sobre el patrimonio de las administraciones públicas de Catalunya”.
Entre la Costa Brava y la Costa Daurada, según los datos facilitados por la Federació Catalana de Vela (FCV) se ubican más de 86 clubs náuticos, 51 son de actividades de vela, surf y otros deportes que se localizan en los 600 kilómetros de playa de Catalunya. El futuro de 44 de ellos, más del 85%, está en riesgo a causa de una aplicación implacable de la ley de Costas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y su brazo ejecutor, la Demarcación de Costas del Estado. Los 44 clubs tienen caducada la concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, que incluye las playas.