“Confunden dinero negro con dinero en efectivo”. Con esta frase, dirigida al PP, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, intentó zanjar esta semana la polémica suscitada a raíz del último informe que la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez del Tribunal Supremo que investiga por corrupción a los dos anteriores secretarios de organización socialistas. Desde que se conoció que uno de ellos, José Luis Ábalos, habría recibido en efectivo 19.638 euros como liquidación de gastos, el PP automáticamente empezó a hablar de financiación ilegal, algo que el Gobierno y el partido han negado con absoluta rotundidad.
Fuentes jurídicas explican que no se ha abierto una nueva vía de investigación. La causa está centrada en dos líneas concretas. La primera se refiere a los contratos adjudicados por Ábalos en su época de ministro de Transportes al empresario Víctor de Aldama, a cambio de comisiones ilegales, pieza que está a punto de concluir. La segunda línea es la referida a otros contratos desde el ministerio que habrían sido gestionados en la sombra por el exsecretario de organización socialista Santos Cerdán a cambio de mordidas que habrían sido repartidas entre él mismo, Ábalos y quien fue asesor de este, Koldo García, según sostiene el juez. Esta parte de la causa va más lenta porque queda por encontrar el dinero y también a más empresarios que habrían pagado, los llamados corruptores. Por ahora no existe ninguna vía de investigación abierta sobre una posible financiación ilegal.
En su informe, la UCO en ningún momento habla de la existencia de una posible financiación irregular sino que especifica que Ábalos y García habrían cobrado parte de sus gastos en efectivo. Lo que sí hacen los agentes es entreabrir una puerta al informar al juez que parte de esos gastos no aparecen en la información que se requirió al PSOE. Ahora está en manos del instructor Leopoldo Puente si reclama al partido que justifique cada uno de los pagos.
El pago en efectivo en sí mismo no es ninguna infracción siempre que exista la trazabilidad del dinero
Para realizar el informe patrimonial de Ábalos, entre otra información el juez reclamó al partido que detallara los pagos realizados a su exsecretario de organización. El PSOE envió tanto las nóminas como otro tipo de pagos, tanto por transferencia como en efectivo. Según la UCO, al analizar el teléfono de García se ha descubierto que cobraron gastos que no coinciden con la información facilitada por el partido. Fuentes socialistas defienden que está todo justificado.
Precisamente, esa es la clave que guiará el futuro judicial del partido. La existencia de efectivo o el pago en efectivo en sí mismo no supone ninguna irregularidad. Ya lo ha dicho la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en una comparecencia reciente. La fiscalización de un partido se basa, entre otras cosas, en analizar los gastos con los tickets presentados, y que éstos coincidan. En el caso del PSOE coinciden. Claro está que aclaró que el órgano fiscalizador comprueba lo que los partidos envían, por lo que es muy difícil que este tribunal sea capaz de identificar la existencia de una caja b.
El exasesor ministerial Koldo García sale del Tribunal Supremo tras comparecer ante el juez Leopoldo Puente
Si el efectivo tiene una trazabilidad, no hay irregularidad alguna. El dinero en efectivo puede entrar al partido a través de, por ejemplo, donaciones justificadas, pero estas tienen que constar en un registro. Y si se pagan liquidaciones con dinero de las cuentas del partido, existe un rastro para ello.
El problema sólo se puede presentar desde el momento en que no existe esta estela. Aún así, el Tribunal de Cuentas presentó en 2021 una moción, enviada a las Cortes Generales y al Gobierno, en la que alertaba de que hacer ingresos en efectivo “puede dar lugar a que no sea posible garantizar que los mismos se hayan realizado con todos los requisitos exigidos por la normativa o a que pueda verse afectada la debida trazabilidad respecto del origen de los fondos”. Por ello, veía “conveniente” que la existencia de este tipo de ingresos fuera “muy limitada”.
Es cierto que desde hace años, sobre todo a raíz de la ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal. se han establecido límites para los pagos en efectivo en España. Entre particulares, empresas y autónomos la cuantía está limitada a 1.000 euros. Sin embargo, este máximo, que en el caso de los pagos a Ábalos se podría haber superado, no afecta a partidos políticos. Tras conocer esta polémica, el grupo de expertos de Gestha, perteneciente al Ministerio de Hacienda, ha aclarado que los partidos, por la excepción recogida en la norma, pueden realizar pagos en metálico por importes mayores en conceptos como dietas de desplazamiento, alojamiento o manutención sin que esto constituya una infracción.
En el último informe de la UCO sobre los pagos a Ábalos, los agentes recogen varias entregas de dinero por parte del PSOE superiores a 1.000 euros. En concreto, se entregó un sobre con 2.928 euros, y otros con poco más de 1.000. En una conversación del 2019 entre García y su mujer, Patricia Uriz (encargada en ocasiones de ir a recoger el dinero a la sede del partido en la calle Ferraz), ésta le recuerda que le dieron “la última vez 8.000 euros más o menos”.
El Tribunal de Cuentas ha aconsejado que se limiten los ingresos en metálico de los partidos
Además, la Guardia Civil también identifica una conversación entre ambos en la que se refieren a un pago de 2.000 euros al chófer. A este respecto, del intercambio de watsaps se desprende que García reclama a su esposa que hable con la trabajadora del PSOE para el pago. Ella le responde: “Me dice Celia que eso ella no lo va a preguntar, que tiene que hablar Ábalos o Santos con Gerencia”.
A la UCO estos mensajes no le concuerdan con unas declaraciones en sede judicial tanto de esta trabajadora como de Cerdán, en una causa ajena a este asunto, pero de la que García guardaba las diligencias en su ordenador y los agentes han podido ahora utilizar. Mientras que Cerdán, en ese momento secretario de coordinación territorial del partido, aseguró que él no tenía competencia en la gestión de facturas o gastos del partido, la citada Celia defendió que todos los gastos se pagaban vía transferencia bancaria.
“El análisis de las evidencias ha permitido constatar que determinados pagos coinciden con los declarados por el partido. No obstante, dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna”, concluye la UCO.