El grupo parlamentario de Junts ha registrado este miércoles en el Parlament de Catalunya una proposición de ley para suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, rebajar el IRPF en el tramo autonómico, sobre el que la Generalitat tiene capacidad de decisión, y para aumentar el mínimo exento de ese tributo. En el caso del IRPF, los tramos autonómicos en Catalunya se sitúan entre los más elevados de España y en algunas comunidades el impuesto de sucesiones y donaciones ya está bonificado, tal y como piden hacerlo ahora los posconvergentes.
El presidente de JxCat en la Cámara catalana, Albert Batet, ya avanzó en una entrevista con este diario hace dos semanas que la intención de su formación era llevar estas medidas a votación en el pleno. “No dejaremos de insistir”, afirmó en esa ocasión, cuando también anunció que otra medida que registrarán más adelante tiene que ver con bonificar el impuesto de trasmisiones patrimoniales (ITP) para los jóvenes que adquieren un inmueble por primera vez como medida para facilitar el acceso a la vivienda.
De hecho, la formación ya incluyó estas propuestas fiscales en sus resoluciones del último debate de política general, si bien en ese caso lo que aprueba o deja de aprobar el Parlament no tiene carácter vinculante alguno, solo político. En cambio, esta proposición de ley ahora registrada sí lo tiene, si bien en el hemiciclo no se dan a día de hoy las mayorías necesarias para que salga adelante, salvo un cambio de guion.
El Govern de Salvador Illa rechazó la descripción que hace JxCat sobre el panorama impositivo en Catalunya y el president negó de forma clara que la comunidad sea un «infierno fiscal», en contraposición a lo que viene denunciando la formación de Carles Puigdemont en estos últimos meses.
En la proposición de ley que ha registrado Junts, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, se lamenta que “el nivel de presión fiscal que recae sobre los contribuyentes catalanes es más alto que el existente en otras comunidades autónomas”, un hecho que a juicio de Junts “genera una desventaja estructural y pone en riesgo la capacidad de atracción de talento, inversión y riqueza”. Por ello, se aboga por que el sistema fiscal catalán sea “justo, competitivo” y que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Asimismo, se trata el impuesto de sucesiones como una medida injusta de “doble imposición”. Por ello, se aboga por bonificarlo al 99% en casos de adquisición por fallecimiento en los grupos I y II, en el que se engloba a padres, hijos, cónyuges, y otros descendientes como nietos, bisnietos…; y en un 50% en parientes del grupo III, esto es hermanos, tíos, sobrinos, cuñados o suegros.
En ese mismo apartado, se encasilla la apuesta por bonificar un 99% la donación a descendientes de un inmueble que se destine a primera vivienda habitual o bien a una donación dineraria para tal efecto con un máximo de 200.000 euros. La bonificación que opera ahora en ese supuesto es de un 95% hasta los 60.000 euros para los menores de 36 años.
También se prevén medidas que faciliten el relevo en la empresa familiar, como bonificar al 99% la trasmisión de bienes y títulos vinculados a la actividad empresarial hasta el grado III de parentesco y que las donaciones a descendientes de hasta 300.000 euros destinadas a la participación en empresas o la creación de una empresa ubicada en Catalunya queden libres de cargas impositivas.
En lo referente al IRPF, se pide subir el mínimo exento a 5.907,42 euros en lugar de los 5.550 euros actuales y reducir el tipo en los cuatro primeros tramos autonómicos (dejándolos en 9%, 11,75%, 15% y 17,80%) para rentas inferiores a 35.000 euros. También, que se ajusten todos los tramos de la base liquidable.
Esta propuesta tiene que pasar ahora el tamiz de la Mesa del Parlament y, para que se aborde en el pleno, en un debate a la totalidad, debe obtener el aval de varios grupos en la junta de portavoces, el órgano que decreta el orden del día y fija los temas que se debaten en el hemiciclo.
