La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entre otros aspectos incluye la reforma para obligar a las grandes empresas a ofrecer atención al público en las distintas lenguas cooficiales del Estado, ha dado este miércoles un paso decisivo en el Congreso, ajena al órdago lanzado a comienzos de semana por Junts, que amenazó con romper toda negociación con el Gobierno.
La norma ha sido aprobada en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, lo que la deja lista para su elevación al Pleno de la Cámara Baja, previsiblemente en la semana del 11 de noviembre. De superar ese último trámite, el texto será remitido al Senado, donde afrontará el mismo procedimiento de ponencia, comisión y pleno antes de su aprobación definitiva.
Pese a los recelos derivados del anuncio lanzado el lunes por el líder posconvergente, Carles Puigdemont, la iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Podemos y Bildu, mientras que PP y Vox han votado en contra.
El texto combina medidas de protección lingüística y nuevas garantías frente a las prácticas comerciales abusivas.
La norma establece que, a solicitud de la persona consumidora o usuaria que resida en comunidades con más de una lengua oficial, las empresas deberán garantizar la atención en la lengua cooficial que se requiera, siempre que operen en territorios donde esa lengua sea oficial. Esta obligación afectará a compañías con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que presten servicios de interés general.
Del mismo modo, el texto contempla que las consultas, reclamaciones o incidencias que se dirijan a empresas que operen en comunidades bilingües podrán presentarse indistintamente en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales.
El texto, que también incluye medidas para bloquear las llamadas comerciales no deseadas (spam) desde teléfonos fijos, pasará ahora al Senado, donde se someterá al mismo procedimiento de ponencia, comisión y pleno antes de su aprobación definitiva.
Registro de proveedores de juego
El texto incorpora además otras medidas relevantes que han sido aprobadas en esta fase de comisión. Entre ellas figura la creación de un registro de proveedores de juego, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que ofrezcan servicios o componentes técnicos a los operadores del sector. El objetivo es garantizar la prohibición de que terceros sin licencia puedan prestar estos servicios en territorio español.
Asimismo, la norma introduce una reforma para limitar las llamadas comerciales no deseadas, las conocidas como spam. De esta manera, las grandes empresas estarán obligadas a utilizar un prefijo identificativo en sus comunicaciones en un plazo concreto si no quieren que las operadoras de telefonía bloqueen automáticamente sus llamadas salientes
La norma persigue que las llamadas sin consentimiento expreso de la persona usuaria quedarán prohibidas del mismo modo que cualquier contrato formalizado sin atenerse a estas directrices de protección al consumidor serán calificados como nulos a todos los efectos.
