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Bitget confirmó transferencias clave, destapando un esquema de lavado transnacional.
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La investigación apunta a posibles pagos indirectos a funcionarios.
La Justicia argentina congeló bienes de Hayden Davis, uno de los creadores del polémico token libra (LIBRA). Este criptoactivo, acuñado en la red de Solana, ganó visibilidad luego de que el presidente argentino, Javier Milei, lo promocionara en un tuit.
El exchange Bitget confirmó un rol crucial en la ruta de fondos ilícitos, vinculando al creador Davis y los influencers Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes son sospechosos de participar en la presunta estafa.
En ese sentido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el bloqueo de los fondos vinculados al token libra, lo que impide la disposición de activos por parte de Davis.
La resolución surge del pedido del fiscal Eduardo Taiano y un informe técnico clave. Este documento recomendó asegurar parte de los bienes del monto total que asciende a 100-120 millones de dólares por el presunto fraude a cientos de inversores.
La medida cautelar de «prohibición de innovar» —que prohibe vender los fondos, transferirlos, hipotecarlos, destruirlos o realizar cualquier acción que cambie su situación actual— se mantiene por tiempo indefinido.
Adicionalmente, el bloqueo se extiende a todas las plataformas de criptomonedas que operan en Argentina. En sí misma, es una medida preventiva y de amplio espectro para cerrar todas las posibles vías de escape a los activos digitales vinculados al caso.
Estos movimientos, según la fiscalía, podrían constituir «pagos indirectos a funcionarios públicos». Los intermediarios, vinculados a una «cueva» financiera, actuaron como «rampas de salida a dinero fiduciario», ofuscando el rastro. La respuesta de Bitget ilumina un posible esquema transnacional de lavado, como lo detalla la fuente y el periodista Fernando Molina.
Como lo ha informado CriptoNoticias, la semana pasada la Comisión Investigadora, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), indicó que el 21 de octubre volvió a reunirse con de 16 de sus 28 miembros. Y aprobó recurrir a la Corte Suprema, el máximo tribunal, en caso de un nuevo fallo adverso.
