PP y Ryanair complican la ampliación de El Prat ¿y Junts?
El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para introducir una enmienda en la Ley de movilidad para “congelar las tasas aeroportuarias durante los ejercicios 2027 a 2031”, en línea con las demandas de las compañías aéreas, en primer lugar Ryanair. La enmienda contó con el voto favorable, además del PP, del grupo de Vox, mientras que Junts y el PNV se abstuvieron. En esos cinco años, Aena, la operadora de la red de aeropuertos, tiene previsto desarrollar un plan de inversiones de 13.000 millones de euros, una cuarta parte de las cuales se destinarían a la ampliación de El Prat.
Las tasas que el PP propone congelar, y que ya lo están desde 2017, suponen en torno al 55% de los ingresos de Aena, empresa que preside Maurici Lucena. De ellas, más los ingresos comerciales de los aeropuertos y no de los impuestos, sale el dinero para las inversiones y sus beneficios, 1.934 millones en el 2024, de los que el 51% son para el Estado, primer accionista. El importe promedio de esas tasas, según Aena, asciende a 10,35 euros y son la bestia negra del volcánico Michael O’Leary, mandamás de Ryanair.
Aena ya ha advertido esta misma semana, en respuesta a la aprobación de la enmienda, que la congelación de las tarifas, haría inviable su plan de inversión. El aeropuerto más afectado sería el de El Prat, saturado y cuya expansión reclaman tanto el Govern de Salvador Illa como el mundo empresarial. El de Madrid, Barajas, también, pero su ampliación está en una fase más avanzada y las inversiones ya han comenzado.
El viernes en una reunión a puerta cerrada en la patronal Foment, Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, justificó la propuesta de su partido en el Senado como un incentivo para la competitividad de los aeropuertos. Tasas más bajas impulsarían el número de viajeros y de esta manera crecerían los ingresos de Aena. Todos ganadores.
El problema es que para los aeropuertos que tienen en marcha planes de expansión -Madrid- o se preparan para ponerlos en marcha -Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Tenerife Norte y Sur, Lanzarote, entre otros- el problema es de saturación o de obsolescencia. No necesitan tarifas más bajas para captar más pasajeros si no espacio para atender a los que ya no pueden acceder. Y si esas ampliaciones o mejoras no las acomete Aena directamente deberían cargarse a los Presupuestos del Estado, es decir vía impuestos. Salvo que el PP acabe proponiendo que los propietarios de Aena, el Estado y varios fondos internacionales, así como muchos accionistas particulares, acepten una reducción prácticamente total de sus dividendos.
Junts, ha sido siempre partidario de la ampliación de El Prat, a diferencia de sus socios de ERC en el gobierno de coalición que presidió el republicano Pere Aragonès y del que ambos partidos formaron parte entre mayo del 2021 y octubre del 2022. El partido de Carles Puigdemont continuó siendo favorable una vez salió del Govern y no ha explicitado ningún cambio de posición.
Desde el partido independentista, sin embargo, amplían el foco. Como ya se ha mencionado, se abstuvieron en el Senado en la votación sobre la enmienda del PP, pese a que anteriormente habían votado a favor de la norma, sin la enmienda, en el Congreso. Justo después de que los independentistas aprobaran la interrupción de cualquier negociación con el gobierno de Pedro Sánchez.
Y en el caso de El Prat, Junts señala que en sus negociaciones con el PSOE había introducido la petición de que Aena entregara las cuentas de explotación segregadas de El Prat, a fin de conocer cuánto ingresa en este aeropuerto y cuánto gasta en el, por lo tanto cuál es su aportación a los beneficios de la compañía gestora de la red. Algo que, según las fuentes de Junts consultadas, los socialistas han descartado desde el primer momento y que los primeros cargan en el pasivo del ejecutivo español.
¿Qué harán los de Puigdemont en la futura votación en el Congreso? Si esta semana repitiesen en el Congreso lo que votaron en el Senado, la enmienda sumaría una mayoría y se convertiría en norma vigente, aunque el PNV cambiara y votase en contra. Hoy precisamente se reúne la dirección de Junts para decidir qué hacer en este caso y algunos más. El futuro de El Prat en juego.
