
Función Pública mejora su oferta de subida salarial para todos los funcionarios hasta un 11% en el periodo 2025-2028. Es un punto porcentual más que la anterior propuesta, del miércoles, o 2.000 millones de euros más en salarios (hasta 222.000 millones) que la oferta que realizó ayer el departamento de Óscar López. Mantiene sin embargo el tope del 4% de subida para los dos primeros años, según han trasladado UGT, CC.OO. y CSIF. Y según afirma este último, el ministerio considera esta oferta “inamovible”.
Y puede que llegue a buen puerto. Aunque CSIF sigue considerando la propuesta “insuficiente”, UGT y CC.OO. han “valorado el esfuerzo” del Gobierno y han afirmado que “la estudiarán”. Desde CSIF han señalado que Función Pública ha trasladado a los sindicatos que “no hay plan B”, por lo que les ha emplazado a valorar la oferta dentro de sus organizaciones para decidir una respuesta. De momento, se ha convocado un nuevo encuentro para el próximo lunes, que apunta a ser el definitivo en lo que respecta al marco salarial del acuerdo.
Para el Gobierno, esta oferta es “inamovible”
Ese porcentaje del 11% propuesto este jueves por el Ministerio se repartiría en los cuatro años del periodo 2025-2028, sin concretar la distribución por cada ejercicio, aunque sí ha insistido en que las subidas no podrán superar el 4% entre 2025 y 2026. El porcentaje final podría ser del 11,5% por el efecto arrastre de la contabilidad al final de las subidas.
Esta es la segunda reunión de esta semana para abordar el marco plurianual de relaciones laborales y salariales de más de tres millones de funcionarios públicos, de todas las Administraciones, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y locales e incluiría a colectivos clave como Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, funcionarios de Justicia y personal de Instituciones Penitenciarias. El monto final irá a Presupuestos Generales del Estado.
La nueva propuesta ha sido trasladada a los sindicatos por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, que ha instado a los representantes de los trabajadores a votarla en sus consejos por ser “inamovible”. “No hay plan B”, afirman desde CSIF que les ha trasladado Sánchez Naranjo.
CSIF cree, en este sentido, que se debe poner el acento en la subida de 2025 y 2026 por seguridad jurídica, ante la posibilidad de que haya un cambio de gobierno de aquí a 2028. “Si se mantiene el 4% para los dos primeros años tendremos que volver a las calles”, ha advertido el sindicato. En opinión de CSIF, la oferta sigue siendo insuficiente porque condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. “Desde CSIF, pensamos que todavía hay margen para la negociación y emplazamos al Gobierno a presentar una nueva oferta el lunes”, afirma el sindicato.
Las partes se emplazan a una nueva reunión el lunes
Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha indicado que al sindicato le “podría valer” la cifra que el Gobierno ha puesto hoy encima de la mesa. Lo estudiarán en una reunión interna de su Consejo convocada para hoy. Según ha detallado la sindicalista, la propuesta del Gobierno implicaría un 5% de subida fija, sin variable de ningún tipo, en enero del año 2027, lo que implicaría que “en prácticamente 13 meses, los salarios de los empleados y empleadas públicas subirían un 9%”.
Junto a esta mejora salarial, Araque ha valorado las demás propuestas de Función Pública para la mejora laboral de los trabajadores públicos, como la promoción interna, la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, el compromiso de abordar la insularidad, territorialización o indemnización por servicio o formación en digitalización e inteligencia artificial.
Por su lado, el Área Pública de CCOO ha valorado el esfuerzo del Gobierno y ha apuntado que “es el momento de estudiar detenidamente esta oferta y dar una respuesta responsable que permita desbloquear la congelación salarial que, de facto, sufren las personas trabajadoras del ámbito público”.
CCOO ha indicado además que en la reunión del lunes, además de abordar la propuesta salarial, se pondrán sobre la mesa otros asuntos que afectan al empleo público, como mejoras en los servicios públicos, en el empleo, en los procesos selectivos, tanto de los de acceso como de promoción interna, en la atención a la ciudadanía, en la igualdad y no discriminación, en salud laboral, bienestar y prevención de riesgos laborales, en la capacitación profesional y en la adaptación a las nuevas tecnologías.
“Para poder llegar a un acuerdo, además, es imprescindible que el Gobierno se comprometa al cumplimiento de los capítulos pendientes de ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como desbloquear y recuperar la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la clasificación profesional de técnico superiores y de grado medio, entre otros asuntos”, defiende CCOO.
El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.
