Cuatro días después del terremoto político generado por la condena al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez —que defendió que Álvaro García Ortiz era “inocente” — ha roto su silencio. Y lo ha hecho para decir que, si bien el Gobierno respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo, no tiene por qué no discrepar con ella.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al segundo día de la Cumbre del G-20 que se celebra en Johannesburgo
“La manifiesto [la discrepancia] porque creo en la inocencia de fiscal general del Estado”, ha asegurado el presidente del Gobierno, quien ha confirmado que se ha iniciado el procedimiento para nombrar a un nuevo número uno del Ministerio Público. Eso sí, Sánchez apunta ya a que otras instancias judiciales —que solo pueden ser el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo— puedan corregir los aspectos controvertidos de la sentencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la segunda jornada de la vigésima cumbre del G20
El jefe del Gobierno ha hecho un breve parón en su agenda internacional —con una mini gira por África— para atender a los medios de comunicación en una rueda de prensa, en la que los asuntos internos han copado las preguntas. Es la primera vez que Sánchez se ha referido expresamente a la condena impuesta —sin unanimidad— por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
Hasta el momento, fuentes próximas al presidente habían trasladado “la sensación de indefensión” que había corrido por Moncloa tras conocerse el fallo con “auténtica sorpresa”. No obstante, las mismas fuentes aseguraban que el varapalo consumado por cinco de los siete magistrados —los conservadores— que conformaron el tribunal no iba a suponer “ninguna zancadilla” en los planes del Gobierno.
La última vez que el presidente del Gobierno se refirió sin cortapisas a García Ortiz fue el pasado 8 de noviembre durante una entrevista con El País, cuando la vista oral había superado su primera semana y enfilaba la segunda. En ella, contundente, aseguró que el fiscal general era “inocente”. “Más aún tras lo visto en el juicio”, añadió. Once días después, el pasado jueves, se conocía el fallo, que también conlleva una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Este domingo ha vuelto a insistir en su inocencia. Sánchez ha manifestado que el Gobierno respeta las sentencias del Tribunal Supremo, “como no puede ser de otra forma”, a la vez que ha aprovechado para lanzar un dardo hacia el Partido Popular por su intento de “controlar desde detrás” la Sala de los Penal del Tribunal Supremo, en aquel mensaje que se filtró del ex senador de los populares en el Senado Ignacio Cosidó. “Nosotros respetamos”, ha advertido para a continuación aclarar que eso no es incompatible, en una sociedad democrática, con manifestar discrepancias. Como es el caso. “Creo en la inocencia del fiscal general del Estado”, ha repetido basándose en el testimonio de varios periodistas en la vista oral que aseguraron que su fuente para las noticias sobre los correos del novio de Ayuso no fue García Ortiz.
Creo en la inocencia del fiscal general del Estado”
Mostrada su discrepancia, el presidente del Gobierno ha dicho que la siguiente pantalla pasa por nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, pero no ha aclarado si se llevará un nombre al próximo Consejo de Ministros, que se celebra el martes. No ha querido revelar el nombre, pero sí ha asegurado que este Gobierno ha propuesto a personas, como es el caso de García Ortiz, “con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico” y “con un conocimiento importante de la materia”. Y de forma paralela, Sánchez pone el foco ya en otras instancias jurídicas para que puedan corregir los aspectos “controvertidos” de la sentencia, que aún no está redactada. Esas instancias solo pueden ser el Tribunal Constitucional —de mayoría progresista en estos momentos— puesto que la sentencia del Supremo será firme, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sánchez ha finalizado con esta comparecencia ante los medios su presencia en la Cumbre del G-20, que ha estado marcada por el boicot de Donald Trump, que ha dejado por primera vez en la historia la silla de Estados Unidos vacía. Después de una primera jornada en la que el plan de paz estadounidense para Ucrania acaparase la agenda a los márgenes de la cumbre, este domingo el jefe del Gobierno ha intervenido en una sesión a puerta cerrada titulada “Un mundo justo y equitativo para todos: minerales críticos, trabajo decente e inteligencia artificial”. En ella Sánchez ha alertado de cómo la inteligencia artificial está transformando la vida cotidiana, pero también plantea “serios retos” como el aumento de las desigualdades globales, los riesgos para los derechos fundamentales y las nuevas amenazas para la seguridad, como los ciberataques.
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Para el presidente del Gobierno “una tecnología tan poderosa” no puede dejarse al azar, por lo que tiene que se tiene que garantizar que la IA salve las diferencias en lugar de aumentarlas, refuerce las democracias en lugar de socavarlas y contribuya a la prosperidad compartida. Así, Sánchez ha reclamado una actuación multilateral, con las Naciones Unidas como eje central, para gestionar sus riesgos globales, distribuir sus beneficios de manera justa y garantizar que la IA sirva a la humanidad en su conjunto.
