El de la independencia judicial se convertido en un debate estable, perenne en la democracia española, pero que resurge con fuerza cada vez que un estamento judicial emite una sentencia envuelta en un halo de polémica. Este debate se ha instalado este lunes en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, justo el día en que el fiscal general del Estado ha presentado su dimisión como consecuencia de la condena de inhabilitación que le impuso la semana pasada el Tribunal Supremo, y lo ha hecho por boca del abogado y padre de la Constitución, Miquel Roca, quien tras recibir el Premi Justícia del Govern de la Generalitat, advirtió de que “la polarización política no puede llegar nunca a la justicia”.
Roca remarcó la necesidad de una justicia independiente y de “diluir la percepción social que se manifiesta con inquietud ante el riesgo de que la polarización política llegue al campo de la justicia”. Para el expolítico, “la presión social que pretende debilitar esta independencia existe, es visible”, por eso llamó a garantizar “la protección del derecho de independencia” que les corresponde ejercer a los jueces y magistrados, puesto que esta independencia es “un derecho que la Constitución otorga a los ciudadanos”.
Las advertencias de Roca cobran sentido en el contexto político actual, tras el fallo del Supremo sobre el fiscal general del Estado, asunto que ha generado un profundo debate sobre la imparcialidad y la independencia de la sala del Alto Tribunal. Ante el riesgo de que estos pronunciamientos calen en la sociedad, el expolítico ha avisado de que “una sociedad políticamente polarizada no tiene límites en su peligrosa ambición y a menudo quiere invadir o condicionar el campo de la independencia judicial”. Por eso, “hay que fortalecer, en beneficio de todos, la protección de esta independencia” judicial, abogó.
“La presión social que pretende debilitar esta independencia existe, es visible”
Según Roca, hay sobradas pruebas del peligro que corre la administración de justicia cuando se incurre en el cuestionamiento de su independencia. Uno de ellos es la violación del derecho a la presunción de inociancia, cuya “desaparición constatamos”, dijo. Sin embargo, “costó siglos ganarla y hoy frívolamente no es socialmente respetada” y en cambio tienen camino libre “los indicios imaginarios, las especulaciones o las hipótesis especulativas”, hasta el punto de que “pretenden imponerse a la responsable e independiente fuerza de la resolución judicial”.
El jurista culminó su agradecimiento por el reconocimiento que compartió con la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya invitando a reaccionar ante esta degradación, convencido de su repercusión en la calidad de la democracia. “Este es un combate que el Estado de derecho no puede perder”, requirió.
Illa muestra “respeto y confianza” en la justicia pero defiende el derecho a opinar sobre las resoluciones judiciales
También el president de la Generalitat, Salvador Illa, tomó la palabra para clausurar el acto con otro mensaje implícito sobre el contexto actual. De hecho fue algo más que implícito cuando reafirmó su “respeto y confianza” en el poder judicial y dijo ser “consciente de las palabras que escojo hoy”, puntualizó en referencia a la dimisión de Álvaro García Ortiz.
Illa también destacó el carácter de “servicio básico” y “público” de la justicia, por tanto de servicio dirigido a la ciudadanía, que como tal “necesita una transformación”, como el resto de servicios públicos. Pero también se le entendió toco cuando se dirigió a los miembros de los diversos ámbitos judiciales para pedirles que “no entiendan el derecho a opinar como una falta de respeto a la justicia”.
Tras reclamar este derecho alegó que “el propio derecho a recurrir a instancias superiores es un reconocimiento de la posibilidad de error, y esto no va en detrimento de la calidad de la justicia” sino algo que se debe aceptar con “normalidad y naturalidad”.
