La patronal catalana de la pequeña y mediana empresa catalana (Pimec) no se pronuncia directamente sobre el aumento del 7,5 % del SMI que propusieron ayer los sindicatos, pero sí que pone en relación el incremento, sea el que sea, con parámetros como la productividad y la indexación de los contratos públicos.
“El SMI no puede ser una subasta para buscar el valor más alto posible, no el que supone destruir empleo o perder productividad”, ha afirmado esta mañana, Antoni Cañete, presidente de Pimec. En este sentido, añade que “ojo con hacer populismo”, y apunta a dos argumentos habituales de la patronal en esta discusión. Por un lado, tener en cuenta su impacto sobre el empleo, que Pimec considera que los aumentos anteriores del salario mínimo lo han tenido en términos negativos especialmente en el sector primario; y por otro lado, la contradicción que considera que supone aumentar el SMI y en cambio no tocar la indexación de los contratos públicos. Una situación que coloca en una posición difícil a empresas con peso importante de las retribuciones del personal que llevan a cabo estos servicios. Algo que en Pimec califican de “hacer trampas”.
Desde la patronal catalana apuntan que son favorables a un aumento de los salarios, pero siempre que no perjudique la productividad y que los incrementos sean viables. Lo contrario, “es pegarse un tiro en el pie”, afirma Cañete. Por otro lado, ven con buenos ojos que el salario mínimo tribute por el IRPF como en esta ocasión han propuesto los sindicatos y como el Ministerio de Trabajo ha dejado de momento, la puerta abierta a esta posibilidad. En concreto, el informe del comité de expertos del SMI, que se pronunciará en los próximos días, se le han pedido dos cálculos, uno con tributación y otro con el SMI exento. Una horquilla abierta para evitar el enfrentamiento que se produjo en el alza del SMI del 2025 entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, que se saldó con una solución puntual, solo válida para este año.
Ayer los sindicatos, plantearon esta subida del SMI hasta el 7,5% para el 2026, lo que supondría 1.273 euros brutos mensuales, que quedaría sujetos al IRPF. En su planteamiento, la subida real neta es solo del 2,6%, si acaba tributando. El resto, el 4,8% sería para compensar este pago a Hacienda.
Respecto al registro de jornada, el plan que el Ministerio de Trabajo tiene en marcha para aplicar un control de los horarios digital y accesible en todo momento por la inspección, Pimec critica que tal como está diseñado va a suponer una carga burocrática más para las pequeñas empresas. Insiste en que no están en contra de un control, pero sí de aumentar las gestiones y las obligacions que las empresas de pequeño tamaño no pueden asumir.
