Todavía no estamos en el trámite de las Cortes para subir las pensiones, pero llegará ese momento. Primero, falta conocer en dos semanas el dato definitivo de la inflación de noviembre; después realizar los cálculos del aumento ya con toda precisión; y entonces sí, el Gobierno colocará la cifra concreta de incremento, en el entorno del 2,7%, en una norma con rango de ley para aprobar antes de terminar el año.
Jubilados en el centro de Barcelona
En principio, y a pesar de la agujereada mayoría parlamentaria actual, es difícil pensar que los partidos se opongan a subir las pensiones, con toda la impopularidad que tal decisión conlleva; con impacto en más de nueve millones de personas que, además, son muy asiduos a las urnas en las elecciones. Pero, es lo que pasó con la subida del 2025, con una norma en la que el Gobierno, confiado, colocó otros temas además del alza de las pensiones, y que acabó tumbada en las Cortes.
Es cierto que, con rapidez, unos y otros se pusieron manos a la obra para rectificar y asegurar que los pensionistas tuvieran lo prometido lo antes posible. De momento, no está definido como se articulará esta vez la aprobación del aumento, pero es evidente que por el momento, y a pesar de los avisos de la OCDE sobre la necesidad de reformas del sistema, ahora y aquí la masa crítica está por aumentar las pensiones con la inflación, y más adelante, ya se verá si hay que modificar el sistema. Añadamos que el Gobierno no tiene intención de ir por esta vía.
En todo caso, el aumento de las pensiones contributivas para el 2026 ya se puede situar en el entorno del 2,7% a partir del dato adelantado de la inflación de noviembre, y que faltará confirmar con la cifra ya definitiva que el INE ofrecerá el 12 de diciembre. Con este dato ya se completa la media del IPC interanual desde diciembre del 2024 hasta noviembre del 2025, que es la que marca la subida del próximo año.
Con esta cifra también se puede calcular que las personas que reciben la pensión media de jubilación obtendrán 572 euros más al año, 40 euros más por paga; mientras que los que tienen la pensión media del sistema cobrarán 498 euros más anualmente, 35 euros más por paga.
Se le puede añadir que la pensión máxima aumentará este 2,7% más un adicional 0,115% para compensar su mayor cotización. De esta manera, quedaría en unos 3.358 euros, unos 90 euros más al mes.
En cambio, lo que no se conoce todavía es la subida de las pensiones mínimas y las no contributivas. Se incrementarán por encima de este 2,7%, esto está establecido por ley para reducir la brecha que separa a las pensiones más bajas, pero el porcentaje preciso se calculará cuando se conozca el dato definitivo del IPC de noviembre, dentro de dos semanas. Se hará con referencia a la renta mediana de un hogar para dos adultos en el caso de las mínimas y del umbral de la pobreza para las no contributivas. Como referencia, en el 2025 estas pensiones subieron más del doble que las contributivas.
De esta manera, el sistema de pensiones, cuya sostenibilidad ha sido criticada los dos últimos días por la OCDE, que ha reclamado su reforma, sigue aplicando el procedimiento habitual. Un mecanismo que asegura que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, aunque ciertamente también complica asegurar que el sistema aguante, por el mayor gasto que comporta.
Un gasto, sin embargo, que es asumible para la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que ayer dijo que esta revalorización “es un compromiso del Gobierno… y los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo con la subida de sus pensiones conforme al IPC, una medida fundamental para las personas que han trabajado toda su vida”.
El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones continuará porque la reforma que se realizó suposo revalorizarlas en función de la inflación para no perder poder adquisitivo. El inconveniente es que, lógicamente, supone un aumento del gasto que, en principio, se contrapesa con el aumento de las cotizaciones y el mecanismo de solidaridad intergeneracional que se puso en marcha. Sin embargo, la OCDE alerta de que se necesitan más ajustes, mientras que el Gobierno lo niega, y argumenta que el examen de la Airef de principios de este año le dio el aprobado. Un aprobado eso sí que fue acompañado con quejas de la Airef por las condiciones que se le habían marcado para su análisis.
