Ante la crisis de acceso
a la vivienda, el Govern
de Catalunya estudia la prohibición de la compra de viviendas si no es para su uso habitual. No soy jurista y no entraré en si esta propuesta es legal o no. Tampoco me detendré en las dificultades prácticas de aplicarla. Algunos inversores seguro que recurrirían a soluciones imaginativas y distorsionadoras para conseguir igualmente su propósito. Y tampoco hablaré del empleo improductivo que generaría la medida, aumentando el cuerpo de inspectores públicos. Me voy a centrar en su impacto en la oferta y la demanda de viviendas, puesto que la propuesta muestra un profundo desconocimiento de cómo funciona una economía de mercado. Pero no soy ingenuo. La medida la impulsa la extrema izquierda y, como es sabido, no solo no quiere entender el funcionamiento del mercado, sino que además lo demoniza con su apriorismo ideológico.
La medida pretende excluir del mercado a los compradores especulativos. Es decir, aquellos que compran con el objetivo de vender en el futuro obteniendo, a poder ser, plusvalías. Sospecho que, en el fondo, la propuesta es puramente propagandística, puesto que la denuncia de la especulación es un recurso retórico fácil. Pero una justificación plausible de la medida es que de este modo habrá menos demanda de las viviendas disponibles, lo que modera la presión al alza en los precios y mejora la accesibilidad para los compradores “no especulativos”. Los que quieren comprar para usar. Como ocurre a menudo en política económica, el error analítico es mayúsculo puesto que se asume implícitamente que la oferta de viviendas es finita y que, por tanto, se ha de distribuir entre todos los posibles adquirentes.
Error analítico
Se asume que la oferta de viviendas es finita y que, por tanto, se ha de distribuir entre todos los posibles adquirientes
La propuesta no solo es desacertada, sino que, además, es contraproducente. Dificulta la expansión de la oferta, objetivo que debiera ser el foco de una política progresista de vivienda. Al prohibir la inversión en vivienda, se obstaculiza la construcción de nuevas residencias. Se limita el acceso de los promotores inmobiliarios a las fuentes de capital que podrían financiar la inversión. Las personas o empresas que quieren dedicar sus recursos a invertir en viviendas para luego alquilarlas lo hacen con un objetivo financiero (invertir en un activo real que tiene un rendimiento financiero y un potencial de revalorización) y sus decisiones aportan capitales imprescindibles para la construcción de esos activos y la expansión del parque residencial.
La crisis de la vivienda se explica por el cúmulo de políticas públicas erróneas a lo largo de los años. La que ahora se pone encima de la mesa profundizaría aún más la escasez de oferta y demostraría que no hemos aprendido nada de los errores del pasado. En el comentario de la actualidad política se contraponen a menudo las políticas conservadoras con las políticas progresistas. Siempre me han parecido unos calificativos desafortunados. También en vivienda: ¿seguro que prohibir es progresar?
