El auge de particulares que solicitan el perdón judicial de las deudas ha llevado a los juzgados mercantiles de Barcelona a impulsar unos criterios que aumentan el control sobre este procedimiento. La ley concursal ya comprende unas pautas –que fueron definidas con el mecanismo de la Segunda Oportunidad a raíz de la reforma del año 2022– pero ahora la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha considerado necesario añadir otros requerimientos.
Entre los más destacables, figura un formulario oficial que unifica el modelo de solicitud de inicio del concurso de acreedores así como la presentación de una declaración responsable por parte del deudor. Este último documento obliga al particular a acreditar que no incurre en ninguna excepción o prohibición, tal como haber obtenido otra exoneración del pasivo insatisfecho con dos o cinco años de anterioridad, en función de si tuvo que afrontar un plan de pagos o liquidar sus activos. Asimismo, debe aportar certificados del Registro Público Concursal que así lo acrediten.
Ante el auge de solicitudes de particulares, se crea un formulario oficial y se pide una declaración responsable
Según un documento al que ha tenido acceso este diario, los juzgados también exigirán la presentación de un extracto de los movimientos de las cuentas bancarias que sean titularidad del concursado de los últimos doce meses a fin de valorar la solvencia y la buena fe del deudor.
“Son unos criterios que buscan que el juzgado y la eventual administración concursal tengan más visibilidad de las causas de la insolvencia y, asimismo, conocimiento sobre cuando empezaron los impagos”, comenta el abogado Cristian Valcárcel, socio del despacho RCD, especializado en concursos de personas físicas y pequeños empresarios.
Los criterios fueron aprobados la semana pasada y empezarán a ser aplicados de forma unánime a partir de enero por parte de todos los juzgados mercantiles de la provincia de Barcelona. Los criterios no afectan al resto de demarcaciones catalanas ni del resto de España. Sin embargo, pueden ser tomados como referencia por otros tribunales, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
Estas medidas buscan aumentar las garantías y el control sobre el mecanismo de la Segunda Oportunidad, cuyo uso se ha disparado desde la reforma concursal de 2022. Según la última estadística disponible del Colegio de Registradores, los concursos de acreedores de persona física sin actividad empresarial alcanzaron un total de 10.214 procedimientos, un crecimiento anual acumulado del 54%, mientras que los de pequeños empresarios fueron 1.138, un 35% más.
