Acaba el año ante un gran dilema: concertar o confrontar. Y esto sirve tanto para el terreno económico como para el político. Todo hace pensar que a medio plazo y mientras Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno, el único camino posible es la confrontación. Esto se debe a que su llegada a la Moncloa se produjo tras no permitir al PP que gobernase a pesar de ser el partido más votado. Aquello rompió la llamada “democracia parlamentaria”, cuyo modelo de gobernanza es dejar gobernar al partido mayoritario y que este busque acuerdos para sacar adelante leyes y presupuestos. Sánchez apostó por el gobierno de coalición y el llamado pacto de investidura que ha caracterizado sus ocho años de mandato. Un modelo de gobernanza que ha conducido al país a una década perdida, según dirigentes socialistas de la transición como Felipe González, Alfonso Guerra o Ignacio Varela.
La concertación es el punto de referencia de la transición de la dictadura a la democracia. Gracias a ella fue posible superar el trauma de las dos Españas y garantizar la paz social. De hecho, en el último discurso navideño del Rey la idea fuerza fue pedir que se recupere la concertación frente a la confrontación.
El último gran acuerdo social fue hace cuatro años con la reforma laboral
No parece fácil. La primera decisión del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras escucharlo fue tender la mano a Vox para gobernar en Extremadura, en lugar de pedir al PSOE su abstención para frenar a la derecha radical. Si el llamado “frente popular” de Sánchez llevó irremediablemente a la confrontación, el “frente nacional” formado por PP y Vox la alimentará. Hasta que PSOE y PP no sean capaces de recuperar la gobernanza de la democracia parlamentaria, la crispación va a continuar en España.
En el terreno económico y laboral la concertación social también está muerta. El último gran acuerdo tripartito –Gobierno, patronal y sindicatos– fue hace cuatro años con la reforma laboral. Es cierto que ha cumplido parte de los objetivos marcados, como reducir la temporalidad en medio de una gran creación de empleo. Pero persiste la inestabilidad laboral, no responde a las necesidades que plantea la revolución digital y ha perjudicado gravemente a los jóvenes.
Desde hace cuatro años la confrontación entre los agentes sociales es total. La razón es que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, renunció a ser el árbitro entre los intereses que representaban los sindicatos y los empresarios. Su decisión de liderar Sumar para integrar a toda la izquierda del PSOE convirtió a UGT y a CC.OO. en correa de transmisión del Gobierno. Con ello quebró uno de los principales logros de la transición, que fue profesionalizar los sindicatos y convertirlos en entidades independientes para que representaran a todos los trabajadores al margen de sus ideologías, como me comentó el exsecretario general de la UGT Cándido Méndez. Al ser juez y parte, Díaz ha impedido los acuerdos.
