El centro de estudios Fedea ha lanzado una propuesta al Gobierno para mejorar la cohesión territorial y premiar a los municipios que más superficie dedican a las instalaciones de renovables, sobre todo eólicas y fotovoltaicas. La idea consiste en repartir lo equivalente a unos 103 euros por personas con cargo a los ingresos que España obtiene cada año por la compra de derechos de emisión de CO2 por parte de las empresas.
La propuesta, dirigida por el economista de Fedea Diego Rodríguez, viene a propósito de la consulta pública lanzada en diciembre por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para elaborar una Estrategia de Transición Justa para el periodo comprendido entre el 2026 y el 2030. En ella se habla de la identificación de colectivos y territorios vulnerables ante la descarbonización. Como elemento de fondo figuran los riesgos de despoblación, que se dan también en municipios con renovables, pese al empleo que generan estas instalaciones.
Una primera consideración de Fedea es que hasta ahora las ayudas a la población asociadas al sector energético se habían limitado a premiar a los municipios donde se levantan instalaciones nucleares o a compensar a las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas. Más allá de iniciativas autonómicas o municipales puntuales, no hay un esquema para los territorios con muchas renovables.
Una ayuda para 962.000 personas
Entre los municipios con más renovables, Fedea calcula que hay un 10% especialmente afectado, o 333, en los que viven 962.798 habitantes. Si entre sus vecinos se distribuyesen 100 millones de euros en compensación a los residentes, tocarían a 103,86 euros por persona. Como referencia, en el caso de las centrales nucleares se garantiza la percepción de un importe mínimo de 79 euros por habitante y año para los municipios más cercanos a las plantas.
Esta transferencia podría articularse de varias formas, aunque Fedea destaca las opciones más visibles, esto es, en las que el ciudadano tiene la percepción directa de recibir el dinero. Son sobre todo dos: un cheque a los hogares o un descuento en la factura eléctrica. También se puede vincular al bono social de la luz o consistir en un reparto a las arcas municipales.
Los 100 millones de euros saldrían del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), por el que España ingresó 2.575 millones de euros en el 2024. La previsión es que los ingresos aumenten hasta unos 3.000 millones en el 2025.
El informe de Fedea calcula que existen 40.539 instalaciones de renovables repartidas por España que ocupan hasta 911.000 hectáreas repartidas entre 3.300 municipios. Hay además 166 municipios en los que estas instalaciones alcanzan un nivel de ocupación del suelo de más del 25%, debido sobre todo a las extensiones de los parques eólicos. Fedea enfatiza precisamente esta circunstancia: los parques fotovoltaicos y eólicos requieren mucha más superficie que las centrales térmicas.
