Por Catalunya han entrado vientos sociopolíticos que después han tenido su réplica en el resto de España. El fenómeno de Ciudadanos fue uno de esos casos. En 2006 irrumpió en Catalunya un partido personalista que inicialmente pretendía ser poco ideologizado y muy basado en el marketing político, algo que era poco corriente entre las formaciones mayoritarias. Todo giraba en torno a un líder, el joven Albert Rivera, y el reclamo de no ser ni de derechas ni de izquierdas (“ni rojos ni azules”). Del laboratorio catalán, Ciudadanos saltaría a la política española y acabó dilapidando su capital.
El auge de los comunes se produjo en paralelo al ascenso de Podemos, que en 2014 ya había obtenido representación europea. Pero la victoria de Ada Colau en Barcelona en 2015 fue especialmente significativa porque representó como ninguna otra el paso directo del activismo social a las instituciones cabalgando sobre una plataforma política que pretendía poner la participación ciudadana por encima de las estructuras de partido. El fenómeno evolucionaría hasta perder fuelle.
El procés fue la expresión de un nacionalismo con tintes populistas. Los políticos de aquel período subrayaban la reivindicación de un pueblo oprimido por las élites del Estado español, de una voluntad popular sojuzgada por la legalidad institucional y enarbolaban lemas como el “España nos roba” para movilizar a sus seguidores. En aquel período se vieron por primera vez por estos lares recursos como el activismo digital del Tsunami Democràtic de 2019, cuando se organizaron a través de una app protestas líquidas , descentralizadas, aparentemente sin líderes.
En este comienzo de 2026 cabe preguntarse hacia dónde se encamina la política catalana después de aquel convulso período. En teoría, Catalunya ha entrado en una fase de tranquilidad, de “normalización” según los socialistas, pero están surgiendo fenómenos novedosos, como la coexistencia de dos formaciones de extrema derecha que se reparten al electorado temeroso de perder su identidad, sea en este caso la catalana o la española.
Illa recibió en agosto pasado a Oriol Junqueras en el Palau de la Generalitat
Los partidos líderes del ‘procés’ practican ahora el pactismo o la confrontación pragmática
Tanto Vox como Aliança Catalana subrayan el rechazo a la inmigración, que identifican como la principal amenaza para el modo de vida autóctono. Señalan a un colectivo como fuente de todos los males, pero aplican el pragmatismo cuando conviene. Se presentan como fuerzas impugnadoras del sistema, pero revelan su incapacidad real para cambiarlo. Así, aunque Vox se opone al Estado autonómico, se integra en las instituciones territoriales. Aliança Catalana, por su parte, acusa a Junts y ERC de colaboracionismo con el Estado, pero deja la vía unilateral para cuando haya una mayoría suficiente. Conscientes del agotamiento social de esos años, AC ni siquiera promueve las banderas esteladas, que tanto se vieron en años pasados como signo reivindicativo.
Los dos partidos que protagonizaron el procés , Junts y ERC, buscan una estrategia después del fiasco de su política durante una década. En ambos casos la nueva vía pasa por un diálogo con el Gobierno central. Junts ha adoptado una suerte de confrontación pragmática, lejos de la épica anterior. Sus votaciones en el Congreso evidencian que vuelve a defender los intereses clásicos que en su día representó Convergència, aunque su retórica se asemeje a la de un partido protesta. El futuro de Junts depende de dos retos: competir con AC sin dejarse arrastrar y acertar en sus candidaturas a la presidencia de la Generalitat y en Barcelona a partir del regreso de su líder, Carles Puigdemont, que debería producirse en primavera si el Tribunal Supremo no trata de impedirlo otra vez. Como representante de un espacio que lo había sido todo en Catalunya durante cuatro décadas, Junts acusa la falta de poder institucional. Su obsesión solo puede ser regresar a la Generalitat. Por eso algunos en el partido ven equivocado el lenguaje protesta de sus líderes.
Después del procés , la prioridad para ERC es convertirse al fin en un partido de gobierno para buena parte de la sociedad catalana. Los republicanos dieron un paso histórico al entrar en el Gobierno de Pasqual Maragall. Trataron de dejar atrás su carácter de partido tan reivindicativo como residual. Acentuaron su vertiente de izquierda sobre la independentista para adentrarse en Barcelona y área metropolitana. Pero el tripartito acabó mal y ERC salió con la etiqueta de ser un partido sin capacitación para gestionar. Oriol Junqueras se propuso enmendarlo, pero el procés lo cambió todo.
Esquerra logró la presidencia de la Generalitat, pero el liderazgo de Pere Aragonès no cuajó, aquejado por una mayoría parlamentaria muy escasa. Los republicanos quieren ser creíbles como partido de gobierno. Por eso, abrazan el pactismo de la mano de Pedro Sánchez, adoptando un papel que en su día ejerció la CiU de Jordi Pujol. En los próximos días el Ministerio de Hacienda hará público el nuevo modelo de financiación acordado con ERC. Se difundirán los criterios y el reparto. Catalunya, con ERC a la cabeza, lidera de nuevo un cambio en la financiación después de los años del procés en que desistió de cualquier negociación. Esa comunidad, junto con Andalucía, resultarán las más beneficiadas, mientras que la de Madrid perderá posiciones, aunque la mayor aportación del Estado al sistema en su conjunto impedirá que alguna pierda. ERC también discute con el Gobierno otras carpetas como el método de recaudación, la capacidad normativa, el control del cumplimiento de las inversiones, etc.
El gran reto del PSC es afrontar problemas acuciantes en medio del auge de la extrema derecha
Si esas negociaciones fructifican, ERC tenderá la mano a Salvador Illa para los presupuestos en Catalunya. Sin ellos, es difícil culminar la legislatura. La “normalización” permitió al PSC alcanzar la presidencia, pero su gran reto es gestionar el rechazo a la inmigración para evitar que Vox se cuele en las reservas de voto del PSC, así como afrontar problemas como sostener la sanidad con una población envejecida y devolver la confianza en el ascensor social, lo que incluye mejorar el acceso a la vivienda para los jóvenes. Sólo con resultados podrá defender Illa un gobierno de izquierdas en un contexto ideológico muy adverso.
