
El escenario cambiante de la crisis venezolana ha forzado al Partido Popular a reajustar su discurso casi en tiempo real. Las dudas sobre la legalidad internacional de la intervención estadounidense y la hoja de ruta marcada por la Casa Blanca han enfriado la satisfacción inicial exhibida por Alberto Núñez Feijóo ante una operación militar que el PP ha celebrado primero sin fisuras, pero a la que ahora mira con cautela.
El hecho es que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos fue recibida el sábado como una “buena noticia sin ambages” por la dirección popular, al entender que suponía que “el mal había sido derrotado”. Pero este lunes se ha abierto una fase de repliegue discursivo, atravesada por reservas jurídicas, cautelas políticas y un choque incómodo con Donald Trump sobre quién debe pilotar la transición en Venezuela.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha puesto voz este lunes a esa inflexión. Lo ha hecho reconociendo abiertamente que existen “dudas sobre si la operación militar estadounidense ha infringido el Derecho Internacional”. El PP, ha dicho, respalda la detención de Maduro porque supone la caída de “un régimen dictatorial y represor que ha provocado la ruina de un país”, pero ha admitido que no está claro si la actuación de Washington ha vulnerado o no el derecho internacional. A su juicio, aunque “sobra tiempo” para analizarlo, esas dudas deben ser despejadas.
En sendas entrevistas en la Cadena Ser y en TVE, Gamarra ha recordado que “las normas del derecho internacional están ahí y están para ser respetadas”. Y preguntada por si teme que esta operación pueda abrir un nuevo escenario –después de que Trump apuntara a Cuba o incluso a Groenlandia-, la dirigente popular ha expresado su esperanza en que no siente precedentes.
Ese giro ha evidenciado una incomodidad más profunda con la hoja de ruta fijada por el presidente estadounidense. Durante meses, y de forma especialmente intensa tras las elecciones de julio de 2024, los populares han defendido que la líder opositora María Corina Machado, junto a Edmundo González, debía encabezar el nuevo ciclo político en Venezuela. Gamarra ha reiterado este lunes esa posición, rechazando que Delcy Rodríguez pueda pilotar la transición y reivindicando la legitimidad de quienes, según el PP, ganaron los comicios con el 70% de los votos.
Pero esa apuesta ha chocado frontalmente con los planes de la Casa Blanca. Trump ha dejado claro que será Estados Unidos quien controle en primera persona la transición, sin ceder protagonismo a Machado, abriendo un desajuste incómodo entre el relato del PP y la realidad geopolítica impuesta desde Washington.
La portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en la Cámara Alta.
El debate abierto en el PP lo ha confirmado su portavoz en el Senado, Alicia García, quien minutos después de la intervención de Gamarra ha afeado que quienes hablan de “respetar el derecho internacional” en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro hayan “amparado la represión, el expolio, la tiranía” y el “robo de las elecciones” en ese país.
“Hablan de derecho internacional, de respetarlo, de respetar el estado de derecho… Pero, sin duda, algunos de los que ahora apelan a cumplir el derecho internacional son, precisamente, los que han tolerado y han amparado el régimen de Maduro”, ha censurado como ataque al Gobierno en una rueda de prensa desde el Senado.
García también ha anunciado este lunes la creación de una nueva comisión de investigación en la Cámara Alta que estará centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo “pudo beneficiar” con el “pago de favores” al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.
La portavoz popular ha señalado que la Cámara Alta ha convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar ambos departamentos “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”.
La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Dura crítica de la Faes a Trump
Faes, la fundación presidida por el ex presidente José María Aznar ha hecho pública una nota en la que emplea duras palabras contra la estrategia de Donald Trump. El documento colgado en su página web recuerda que “Venezuela ostenta, desde que lo eligió, un presidente legítimo: Edmundo González; y un liderazgo moral encarnado en María Corina Machado. A ellos les corresponde protagonizar el proceso de transición hacia la democracia”. La nota añade más tarde que “el único desenlace legítimo y aceptable de esta situación es una Venezuela libre y soberana” e insta a España a ayudar en ese objetivo aunque pone en duda que lo haga el gobierno de Pedro Sánchez al que describe como “cómplice con la dictadura criminal recién decapitada”.
La nota analiza la revisión de la doctrina Monroe que protagoniza Trump con su nueva Administración y sostiene que “Desde su llegada a la presidencia ha combinado medios distintos para ponerlos al servicio de un mismo propósito, la hegemonía continental: presión diplomática sobre Panamá, apoyo a aliados como Argentina y El Salvador, y presión militar sobre Venezuela con el desenlace conocido. Esta última acción tiene, visiblemente, valor conminatorio para líderes hostiles en la región que pretendan estrechar lazos con Pekín y Moscú”.
