El 18 de diciembre de 2009, el Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), tras su paso por el Senado. La votación fue convulsa, se repitió dos veces, y estuvo marcada por errores en el sentido del voto: PNV y Convergència i Unió acabaron votando a favor, lo que permitió que la reforma superara holgadamente la mayoría absoluta exigida para una ley orgánica, con 192 votos favorables.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, durante el encuentro del pasado jueves en el Palacio de la Moncloa.
El caso de CiU fue especialmente llamativo. Apenas un mes antes, habían votado en contra cuando la Cámara Baja aprobó el dictamen inicial. Sin embargo, en la votación final nueve de sus diez diputados marcaron por error el “sí”. El único que votó en contra fue Jordi Jané, que ocupaba en esos momentos un puesto en la Mesa del Congreso. PP, UPyD y el BNG mantuvieron su rechazo a la propuesta, mientras que Izquierda Unida (IU) optó por la abstención.
El PSOE confía en que Junts apruebe la financiación cuando vuelva Puigdemont
Aquel episodio parlamentario es el reflejo de un debate que, más de quince años después, sigue prácticamente intacto. Muchos de los argumentos con los que PP y CiU se opusieron a la reforma del modelo siguen vigentes. Los populares denunciaban que el sistema se había diseñado de forma “partidista y arbitraria”, pactado con minorías nacionalistas catalanas e “impuesto al resto de comunidades autónomas”. ¿Les suena el argumento? También CiU se oponía con un discurso actual: criticaba el “café para todos” y exigía un concierto económico.
En aquel momento, el PSOE gobernaba en solitario o en coalición en ocho comunidades autónomas, un contexto político distinto al actual y clave para entender cómo se fraguó y se aprobó aquella reforma del sistema de financiación. La influencia territorial de los socialistas se ha visto drásticamente reducida, en beneficio del PP que rechaza cualquier cambio de sistema que esté pactado con Catalunya.
El nuevo modelo de 2026 se enfrenta a un futuro incierto. Oriol Junqueras lo sabe y quiere asegurarse de que salga adelante, de ahí las reuniones con sindicatos y universidades o la cita solicitada a Carles Puigdemont.
Por su parte, el PSOE confía en que finalmente Junts ceda y apruebe la propuesta, una vez que Puigdemont regrese a Cataluña. La estrategia del Gobierno pasa por presentar a los posconvergentes un paquete de concesiones para convencer a los “indecisos” que prefieran “un mal acuerdo” a tener que explicar que Catalunya se queda sin 4.700 millones de euros adicionales. Será difícil que los diputados de Junts se equivoquen como en el 2009 y, como ya ha demostrado con creces, la formación de Carles Puigdemont tiene poco que ver con la antigua CiU.
