Para millones de personas en Estados Unidos, el gesto cotidiano de pagar un producto con bitcoin (BTC) esconde una trampa administrativa. Esto porque según la ley actual, cada transacción —por pequeña que sea— se considera una «disposición de propiedad», lo que obliga al usuario a calcular si ganó o perdió dinero en comparación con el precio al que adquirió el activo.
Para poner fin a esta «complejidad desproporcionada», una coalición de pesos pesados del sector envió una carta formal al Congreso estadounidense. El objetivo es obtener un alivio fiscal de «minimis», una exención que permitiría realizar transacciones pequeñas sin la sombra constante de una auditoría.
La petición, presentada el 12 de enero de 2026, fue dirigida a los presidentes de los comités fiscales, Michael Crapo y Jason Smith. Entre los firmantes figuran el Instituto de Política de Bitcoin y empresas de la talla de Block, MoonPay y River, además del Crypto Council for Innovation.
El argumento central es que el marco legal se ha quedado rezagado frente a la realidad tecnológica. Aunque la reciente Ley GENIUS (2025) ya otorga beneficios a las stablecoins reguladas, el sector exige que este trato se extienda a bitcoin y otros activos digitales principales.
«Sin un alivio fiscal calibrado, el resultado será un riesgo innecesario de auditoría para el ciudadano común», advierte la carta. En esencia, la industria argumenta que declarar los céntimos de ganancia por una compra diaria no tiene sentido económico ni para el contribuyente ni para el Estado.
Los 3 pilares de la propuesta
Para que el sistema sea viable, las organizaciones proponen una hoja de ruta sencilla:
- Que los tokens de red principales sean tratados como moneda corriente en operaciones pequeñas, eliminando la necesidad de reportar ganancias o pérdidas de capital.
- Esta exención se aplicaría a activos con una capitalización de mercado superior a los 25.000 millones de dólares, lo que blindaría a bitcoin frente a la volatilidad de tokens menores.
- Se sugiere un techo de 600 dólares por operación y un máximo anual de 20.000 dólares por contribuyente.
Las cifras respaldan la urgencia del pedido. Esto porque bitcoin ya es una herramienta financiera para 45 millones de estadounidenses. Solo en 2024, unos 7 millones de ciudadanos utilizaron BTC para realizar pagos, atraídos por la rapidez y la privacidad que ofrecen canales de pago como Lightning Network. Actualmente, más de 3.500 comercios en todo el país aceptan pagos directos en bitcoin.
La vigilancia se extiende por el mundo
Este movimiento bitcoiner en Estados Unidos ocurre en un momento de creciente control internacional. Se debe a que desde el pasado 1 de enero de 2026, 48 países han comenzado a recopilar datos bajo el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si bien este marco global no impone nuevos impuestos, busca que las autoridades fiscales compartan información de forma automática a partir de 2027 para detectar inconsistencias. En este escenario de transparencia total, la industria estadounidense considera vital que las reglas de juego sean lo suficientemente sencillas para que el ciudadano honesto no quede atrapado en una red de burocracia técnica.
