“Chantaje”, “soborno”, “corrupción”. Las críticas de los barones del PP al nuevo modelo de financiación autonómica son tan homogéneas como heterogéneos sus intereses a la hora de reivindicar otro cálculo de los recursos para sus comunidades. A falta de propuesta alternativa, Alberto Núñez Feijóo ha evitado fisuras en sus filas ante la oferta del Gobierno, y pretende contraponer la imagen de unidad de las autonomías del PP con los escasos apoyos del pacto de Pedro Sánchez y ERC.
Los exabruptos no borran las incompatibilidades de los intereses territoriales, pero alimentan un discurso que cuaja en una sociedad desafecta con las instituciones. El discurso del agravio –¡Catalunya nos roba!– contra el nuevo modelo no responde a los números sino a la supervivencia política. La Moncloa está en juego, pero Sánchez quiere resistir hasta el 2027, y los barones no quieren perder su futuro.
PP y PSOE pueden defender juntos la excepcionalidad financiera vasca mientras se les atraganta el café para todos si procede de Catalunya. Euskadi es desde ayer la primera comunidad en gestionar la prestación contributiva del paro y el subsidio de desempleo, y no hay protestas por unas concesiones que amansan al PNV en el Congreso y le mantienen en la mayoría de la investidura de Sánchez.
La pregunta que se impone es si entre la oposición cerrada de los presidentes del PP habrá algún disidente que quiebre el relato de Feijóo porque más vale millones en mano que perspectivas volando. Los consejeros de Hacienda de las comunidades populares no se levantaron de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como sí hicieron cuando se les presentó el plan para la quita de las deudas del FLA. Y, si el Gobierno logra los apoyos suficientes para que la reforma del sistema salga adelante, en la dirección popular no pueden asegurar que algunas de sus comunidades no se sumen al sistema. Más aún si con la bilateralidad obligada –en el Congreso se vota una ley de financiación por cada comunidad– suman recursos o inversiones extras.
El PP reafirmará su unidad, como ya hizo en el 2024 en el palacete de los Duques de Pastrana buscando semblanzas con la Moncloa. Entonces se pidió a los barones que no buscaran pactos bilaterales sobre financiación, pero no se pasó de la declaración de intenciones sobre el modelo. Tampoco habrá números que exhibir. El sudoku popular es diabólico.
Con los cálculos de Hacienda, los negociadores de ERC creen que puede haber partido en la Comunidad Valenciana, y el aumento de recursos es ya arma preelectoral de Mª Jesús Montero en Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla pedía 4.000 millones extras, y Hacienda ha puesto sobre la mesa más de 4.800.
La adhesión al sistema es voluntaria, y por ahí hurga Montero. Los desmarques no serían insólitos. En 1997, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha rechazaron sumarse al modelo que surgió del pacto del Majestic firmado por José María Aznar y Jordi Pujol. No obstante, volvieron a integrarse a los mecanismos en el 2002, al completarse la descentralización de las competencias de sanidad y su integración en el sistema de financiación.
¿Puede Junts renunciar a más recursos para Catalunya? ¿Y los presidentes populares?
Cada concesión de Sánchez al independentismo va acompañada de una invitación a la igualdad. La quita de la deuda del FLA, el traspaso de cercanías, el ingreso mínimo vital y, ahora, la financiación se han socializado al resto de comunidades. Lo singular es la voluntad de autogobierno; el resto son falsas proclamas a favor de una igualdad y solidaridad que paradójicamente pretende liderar Madrid. Según los cálculos de Fedea, el nuevo modelo reduce la distancia entre la comunidad mejor y peor financiada de 26,2 a 18,1 puntos.
El rechazo “constructivo” de Junts garantiza mantener la negociación abierta, para pesar del PP. ERC y el PSC están dispuestos a ceder algún “triunfo” a los posconvergentes para sumar sus votos. ERC apoyaría la enmienda a la totalidad de Junts reivindicando el concierto para Catalunya, y la publicación de las balanzas fiscales y la incorporación de la variable del coste de la vida en el cómputo de las competencias no homogéneas podría ser una vía. ¿Puede Junts renunciar a más recursos? ¿Y los barones del PP?
