Ahora que ha quedado claro que en la propuesta de financiación del gobierno no hay concierto, ni cupo, ni nada que se le parezca, podría pensarse que los que habían sostenido que ese era el único objetivo de las negociaciones entre socialistas y republicanos rectificarían y modularían sus planteamientos. Si no hay cupo, ¿qué hacemos?.
Pues, no. Radicalmente no. El debate político en España es muy peculiar. La discusión sobre el nuevo modelo arrancó con el pacto entre socialistas y republicanos en el verano del 2024. A partir de ahí, ha sido una espiral de presagios catastróficos sobre los males que caerían sobre los españoles si el acuerdo avanzaba.
El acento se situó sobre el concierto y el cupo, como en el Pais Vasco. Ya saben, allí se las apañan con sus impuestos (el concierto) y luego pactan con el Estado una aportación por los servicios que este aporta a la comunidad (el cupo).
Aquel pacto fue juzgado por el procedimiento sumarísimo y se dio por hecho, contra toda evidencia y pese a que una lectura atenta del documento desvelaba que no había nada que diera a entender que el modelo vasco era lo que se estaba proponiendo, que la bancarrota fiscal del Estado se agazapaba en el despacho de la presidencia de la Generalitat. Los más vehementes incluso publicaron libros calculando la “factura” de ese supuesto cupo catalán.
Dejamos al margen si un concierto catalán supondría o no el hundimiento fiscal del Estado. Ahora, en cualquier caso, no se trata de juzgar eso. Pero una vez conocida la propuesta parece evidente que si alguien insiste en seguir hablando en esos mismos términos es porque padece algún tipo de desvarío, esencialmente político.
Y efectivamente, concierto y cupo casi han desaparecido del arsenal gramatical de los opositores radicales al acuerdo. No hay ni una rendija por la que pueda colarse una evolución del sistema en esa línea. A diferencia de ocasiones anteriores, ERC se ha cuidado bien de dejar claro que eso es así, alejándose de los calentones que generaron expectativas devenidas en frustraciones.
La campaña incluye manipulaciones como que algunas comunidades recibirán menos dinero
Pero, curiosamente, las conclusiones sobre lo que este supone siguen siendo, a ojos de los de siempre, exactamente las mismas. Tanto da cupo como ordinalidad. Cualquier pacto es el fin del mundo y entrega el botín a los catalanes.
Veamos algunos ejemplos. El acuerdo pone en jaque las finanzas del Estado, porque aporta al sistema 21.000 millones, dinero que no tendrá para hacer frente a la quiebra del sistema público de pensiones, que ahora algunos han considerado pertinente dar por inminente, pese a que los datos sobre la recaudación fiscal ponen de manifiesto un enorme aumento de los ingresos (en parte por no deflactar la tarifa del Impuesto sobre la renta (IRPF, ciertamente), pero sobre todo por el buen comportamiento de la economía. No importa, las concesiones a Catalunya obligarán a subir impuestos a todos los españoles o a recortar las pensiones, dicen los del cupo del terror.
Otro argumento. Acaba con la igualdad entre los españoles. Sería así pese a que no es un nuevo modelo si no una variación sobre el anterior. Y como si antes de este cambio no hubiera diferencias en términos de recursos por habitante. No solo las había , si no que eran mayores de las que se contemplan en el nuevo. Precisamente, esas diferencias han sido uno de los motivos de denuncia del sistema y no solo desde Catalunya. Ahora, se seguirá calculando sobre un criterio de población ajustada, que perjudica a las más pobladas, encabezadas por Andalucía, Catalunya y Madrid.
Curiosamente, no hacen esa reflexión, hablando de progresividad y grandes contribuyentes, en el caso de Madrid, que pese a ser los más ricos son quienes menos pagan. ¿Dónde queda en este caso la igualdad? ¿Por qué no la denuncian? Tampoco parecen interesados por la degradación de servicios básicos, como sanidad, educación o transporte, más evidente allí donde hay más masificación, es decir en aquellas comunidades que tiene más población o donde esta ha crecido más en los últimos tiempos.
Su argumento más afilado es que los territorios no pagan impuestos, son las personas y si a Catalunya le sale pagar más y recibir menos, porque es más rica, toca aceptarlo. Pero precisamente porque los contribuyentes ya han pagado, la ordinalidad, la nueva bestia negra, tiene cabida sin menoscabo de la igualdad. Se dice que dejar que el que más aporta mantenga su posición en el ránking rompe la progresividad. Se compara con las aportaciones alemanas a Europa o con la progresividad del IRPF. Como si los alemanes quedasen por detrás de los españoles, o de los italianos o los griegos, una vez realizadas las aportaciones al fondo comunitario.
Estamos hablando de un sistema que garantiza el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar -al margen pensiones y desempleo- y que no determinan la renta ni el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Pese a que no hay concierto ni cupo, el diagnóstico de la derecha española no ha cambiado
Por último, si el reparto territorial no modificara lo que viene de la recaudación fiscal – para asegurar la solidaridad, pero también para evitar la desatención o la discriminación- las administraciones autonómicas no tendrían razón de ser. Bastaría con la simple distribución de recursos desde el Estado. El reconocimiento político de otras instituciones de representación, en este caso las comunidades autónomas, expresa una necesidad política que no es simplemente administrativa, de simple prestación de servicios delegados.
Esto sin entrar en los números. Titulares que denuncian, falsamente, que hay comunidades que pierden dinero con el nuevo modelo, ocultando que con el cambio todas suman más ingresos per cápita, por eso el Estado aporta 21.000 millones, lo que no contradice que algunas. las hasta ahora más sobrefinanciadas, suben menos que otras..
