La tragedia del chalet de Crans-Montana ha derivado en una crisis diplomática entre Suiza e Italia. El Gobierno de Giorgia Meloni exige que la policía y los jueces italianos participen en la investigación que están llevando a cabo las autoridades del cantón del Valais.
Según la primera ministra, la instrucción judicial abierta tras la muerte de decenas de jóvenes en la noche de Año Nuevo en una localidad turística de los Alpes no satisface la demanda de justicia de las familias. Italia, que contabiliza seis fallecidos de los cuarenta muertos en total, ha elevado al máximo la presión sobre el país vecino. Primero retiró a su embajador en Berna, Lorenzo Cornado, para consultas, tras la puesta en libertad del propietario de la discoteca Constellation, el ciudadano francés Jacques Moretti. Después, subordinó el regreso del diplomático “al inicio de una colaboración efectiva entre las autoridades judiciales de ambos Estados y a la inmediata creación de un equipo conjunto de investigación, para que se determinen sin más retrasos las responsabilidades de la masacre”, según un comunicado oficial difundido el pasado lunes.
Moretti está siendo investigado por homicidio imprudente, lesiones imprudentes e incendio negligente. De los mismos delitos está acusada su esposa, Jessica Maric, que gestionaba con él el local y que no llegó a ser detenida.
La causa se centra en los materiales utilizados para el techo del chalet, que se incendiaron a raíz de fuegos encendidos durante la fiesta, así como en las deficiencias de la salida de emergencia. Algunos empleados, según testimonios recogidos por la prensa, han declarado que la puerta estaba cerrada para evitar que los clientes salieran sin pagar y que la mujer habría huido con el dinero de la caja en lugar de auxiliar a los jóvenes atrapados en el interior. Circunstancias especialmente graves que los investigados han negado desde el primer momento.
La actitud de Meloni
El pulso con Suiza llega en un momento de fuerte emoción social y se inserta en la estrategia del Gobierno de exhibir firmeza ante la opinión pública
El Gobierno suizo no ha dado aún una respuesta oficial a la exigencia italiana, pero desde Berna se multiplican las señales de malestar. El Ministerio Público del cantón del Valais recordó que, en el sistema democrático suizo —al igual que en el italiano—, la separación de poderes impide cualquier interferencia política en las investigaciones judiciales, y que el esclarecimiento de los hechos “corresponde a la justicia valesana y no al Gobierno”. “La política no debe interferir con la justicia”, afirmó Ingrid Ryser, portavoz del organismo. “No nos dejaremos chantajear: entre Estados no se trabaja así”, declaró el diputado del Partido Radical Liberal, Alex Farinelli, en una línea compartida por dirigentes de otras formaciones políticas.
En Italia, la conmoción popular por los hechos ocurridos en la noche de Año Nuevo ha sido enorme. Las familias de las víctimas aparecen a diario en televisión y en los periódicos, y el estado de los jóvenes heridos sigue siendo objeto de una atención constante. Desde los primeros días, Giorgia Meloni comentó públicamente los detalles de la investigación publicados por la prensa italiana, reclamando penas ejemplares para los gestores del local.
La indignación estalló el pasado 23 de enero, cuando Moretti fue puesto en libertad condicional bajo una fianza de 200.000 francos suizos (unos 215.000 euros), con prohibición de abandonar el país y la obligación de firmar cada noche en comisaría. El juez consideró que estas medidas eran suficientes para evitar el riesgo de fuga. La decisión de la justicia del cantón del Valais provocó una dura reacción de la clase política italiana, empezando por la propia Meloni, que la calificó de “una afrenta a la memoria de las víctimas y un insulto a sus familias”. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, habló de “un verdadero ultraje a la sensibilidad de las familias que han perdido a sus hijos en Crans-Montana, que no tiene en cuenta el luto y el profundo dolor que comparten con el pueblo italiano”.
El malestar italiano
En Roma se apunta a una red de relaciones entre las élites locales que estaría frenando la investigación: “juegan todos juntos al golf”
Detrás de esta dureza, más allá de la evidente búsqueda de consenso ante una opinión pública profundamente sacudida por lo ocurrido, el Gobierno italiano está convencido de que en Crans-Montana existe una red de poderes locales que dificulta una investigación rigurosa. “Juegan todos juntos al golf”, es una de las frases que más se escuchan en los palacios romanos. De ahí la petición —o más bien la exigencia— de enviar a la policía italiana a participar directamente en la instrucción judicial.
Fuentes del Ejecutivo reconocen que se trata de una solicitud muy inusual y que difícilmente Suiza aceptará una cesión de soberanía de tal calibre. Muchos, incluso dentro de la mayoría gubernamental, temen que este enfoque agresivo resulte contraproducente y endurezca aún más la posición de las autoridades helvéticas. Por ahora, el embajador no regresará a Berna.
La cooperación judicial e investigadora entre ambos países está prevista en un acuerdo bilateral, pero solo en casos concretos, como investigaciones especialmente complejas o que involucren a varios Estados. Paralelamente, la Fiscalía de Roma ha abierto una investigación autónoma sobre los hechos.
