Estamos en el 2007. En el Gobierno central, en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona gobiernan los socialistas. Rodalies arrastra entonces años de desinversión y se ha convertido en un problema estructural para los miles de usuarios que dependen a diario del servicio ferroviario. Las incidencias son constantes y no hay jornada sin retrasos o fallos del sistema. Un caos sostenido que desemboca en una gran manifestación, capaz de congregar a cientos de miles de ciudadanos en un contexto en el que las protestas masivas aún eran una rareza en Catalunya. Aquella movilización canalizó un malestar social creciente y acabó convirtiéndose en uno de los gérmenes del procés . ¿Lo recuerdan?
Dieciocho años después, la situación no solo no ha mejorado, sino que es peor. Rodalies es hoy el único medio de transporte que pierde viajeros de forma continuada, una anomalía que evidencia la pérdida de confianza en el servicio. El sistema opera al límite, sin que exista claridad sobre si ha tocado fondo ni sobre la estrategia necesaria para revertir su degradación. Persisten las soluciones parciales y los remiendos técnicos en una red que, en 2026, debe cubrir las necesidades de más de ocho millones de habitantes. Muchos de ellos jóvenes, obligados a desplazarse porque los elevados precios de la vivienda los han expulsado de las ciudades, y que acaban desencantados con la política.
La diferencia respecto a 2007 no es tanto el estado de Rodalies como la ruptura política
La diferencia fundamental respecto a 2007 no es tanto el estado de Rodalies como la fragmentación del marco político y social que entonces permitió convertir una reivindicación sectorial en una causa compartida. Allí donde existía una amplia unidad, hoy hay división. La convocatoria, para el próximo sábado, de dos manifestaciones separadas no es un detalle menor. Una, por la mañana, organizada por la Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República y Junts, a la que asistirán los republicanos arrastrando los pies , y otra por la tarde, impulsada por los entidades de usuarios y con el apoyo de Òmnium y ERC. Es el síntoma de un movimiento incapaz de articular una respuesta común y que acaba por contraprogramarse. La crisis de Rodalies persiste, pero la capacidad de convertirla en una palanca política compartida, ya no.
Esta ruptura condiciona las adhesiones de los partidos a una protesta que surge de la sociedad civil. El PP, que en un primer momento había valorado sumarse a la marcha, ha renunciado a hacerlo, y sus dirigentes en Catalunya asistirán, en todo caso, a título personal. Los usuarios señalan a los populares como corresponsables de la desinversión sostenida en Rodalies y rechazan su presencia. Los convocantes –una veintena de entidades en defensa del transporte público– buscan que la movilización no derive en un enfrentamiento ideológico y que el único foco sea contra el deterioro del servicio ferroviario y el riesgo de que Catalunya acabe más colapsada social y económicamente de lo que está.
