Los padres fundadores de Estados Unidos interpretaron el naciente país como un “experimento” democrático, opuesto a la autoridad y arbitrariedad de un monarca. Para ello, establecieron en la Constitución una serie de pesos y contrapesos entre los tres poderes federales (ejecutivo, legislativo y judicial), así como entre los estados y la federación. En el primer año de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha ejercido un poder casi absoluto en Washington, esquivando al legislativo por medio de órdenes ejecutivas y declaraciones de emergencia nacional, y con el beneplácito del judicial, con un Tribunal Supremo que ha fallado en su favor en aproximadamente el 90% de los casos, según la estimación de Court Accountability. Y ha llevado su pugna contra los estados gobernados por demócratas a un nuevo nivel, incluido el despliegue de soldados de la Guardia Nacional y de agentes migratorios sin la petición de sus gobernadores.
Todo indica que esta batalla por concentrar poder ejecutivo y federal se intensificará a medida que se acerquen las elecciones legislativas de mitad de mandato, que el próximo mes de noviembre podrían devolver a los demócratas, según recientes encuestas, el control de las dos cámaras del Congreso. En dos declaraciones que han causado revuelo esta semana, en un podcast y desde el despacho oval, Trump ha hecho un llamado a los republicanos a “tomar el control” de las elecciones y “nacionalizarlas”, es decir, traspasar al gobierno federal la autoridad de organizar y supervisar los comicios, que compete mayoritariamente a los estados según la Constitución.
Donald Trump, presidente de EE.UU.
“Un estado es un agente del gobierno federal en las elecciones. No sé por qué no las organiza directamente”
Trump estaba hablando, como es habitual en sus declaraciones, sobre la herencia recibida del expresidente Joe Biden, que según él permitió la entrada a “millones” de inmigrantes indocumentados, incluidos “asesinos, drogadictos y personas salidas de instituciones mentales”. Afirmó que los estados demócratas están permitiendo votar a estas personas, una afirmación infundada. “Si no los sacamos, los republicanos nunca volverán a ganar otra elección”, añadió: “Deberíamos tomar el control de la votación, en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación”
El presidente no aclaró a qué 15 estados se refería, y al día siguiente la Casa Blanca afirmó que hablaba de los lugares en los que hay un “alto grado de fraude electoral”. Después, trató de restar importancia a las declaraciones alegando que Trump solamente estaba expresando su apoyo a la Ley SAVE, un proyecto de ley que, de aprobarse en el Congreso, requeriría a los votantes que demostraran la ciudadanía con más documentos de los que se les pide en la actualidad para registrarse.
La medida busca combatir el voto ilegal, de inmigrantes indocumentados, algo que apenas ocurre en el país, a pesar de que desde el movimiento MAGA aseguran que forma parte de un “fraude generalizado” impulsado por los demócratas para asegurarse la victoria. Se trata, pues, de una estrategia retórica con la que Trump busca imponer un relato de desconfianza hacia los comicios. En las pasadas elecciones, el mandatario usó con frecuencia este discurso, pero, después de que se certificara su victoria, abandonó la idea de que se había producido un fraude electoral.
“Un estado es un agente del Gobierno federal en las elecciones”, afirmó el miércoles el presidente, insistiendo en sus palabras del día anterior: “No sé por qué el Gobierno federal no las organiza directamente”. En realidad, el artículo I de la Constitución estadounidense no da a los estados una autoridad exclusiva, aunque sí principal. Establece que “los tiempos, lugares y manera de celebrar las elecciones de senadores y representantes serán prescritos en cada estado por su legislatura; pero el Congreso puede, en cualquier momento, mediante ley, hacer o modificar tales regulaciones, excepto en lo relativo a los lugares de elección de senadores”.
Las declaraciones de Trump han sido recibidas con preocupación en los análisis de la prensa estadounidense, así como por parte de representantes demócratas, pues provienen de un hombre que promovió el asalto al Capitolio en el 2021 para tratar de evitar la certificación de la victoria de Biden en las presidenciales. Una de sus primeras medidas al regresar al poder, en enero del año pasado, fue indultar a más de un millar de condenados por ese ataque a la sede de la democracia estadounidense, alegando que eran “patriotas” injustamente encarcelados.
Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado
“¿Necesita Donald Trump una copia de la Constitución? Lo que está diciendo es absurdamente ilegal”
El llamado a “nacionalizar” las elecciones llegó dos días después de que los demócratas ganaran un escaño del Senado estatal en Texas que históricamente había sido republicano. La victoria del demócrata Taylor Rehmet por 14 puntos respecto a la republicana Leigh Wambsganss, apoyada por Trump, fue contundente y determinante: el presidente había ganado en el mismo condado con un margen del 17% en las presidenciales del pasado noviembre. Es un llamado de atención a los republicanos, que en las sucesivas elecciones del último año han perdido apoyo en todo el país.
El comentario también llegó cinco días después de que el FBI usara una orden de registro para incautar 700 cajas llenas de papeletas de las elecciones de 2020 en el condado de Fulton (Georgia). Este condado estuvo en el centro de la teoría de Trump sobre el fraude electoral. De hecho, poco después de conocer el resultado, que dio la victoria a Biden por un estrecho margen, Trump llamó al secretario del Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para pedirle que “encontrara” 11.780 votos, los que le faltaron para ser vencedor. Raffensperger se negó, afirmando que las papeletas se habían sometido a varias revisiones y todas coincidieron en que Biden había ganado. Trump siguió con su ofensiva y presentó varios recursos legales, que fueron rechazados por los tribunales. Aquel intento de manipulación electoral le valió una imputación penal en el 2023, que después usaría durante la campaña electoral para victimizarse.
Con estos antecedentes, varios representantes demócratas han alzado la voz de alarma sobre el intento de Trump de interferir en las elecciones. “¿Necesita Donald Trump una copia de la Constitución? Lo que está diciendo es absurdamente ilegal”, afirmó el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer: “Después de esto, ¿todavía creen que cree en la democracia?” El senador de Virginia Mark Warner alertó que “esa declaración por sí sola deja claro que la amenaza a la seguridad de nuestras elecciones, la premisa básica de nuestra democracia, está orientada hacia el futuro, hacia 2026, hacia 2028”. Incluso el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, entró a valorar negativamente las declaraciones de Trump: “No estoy a favor de federalizar las elecciones. Creo firmemente en la descentralización y en la distribución del poder”.
