La reciente firma inicial del acuerdo UE-Mercosur ha de considerarse globalmente un hecho positivo y un paso más en el proceso de liberalización del comercio, a pesar de la excepcionalidad puntual de un Trump que va a contracorriente. Vemos valoraciones a favor, incluida una parte del sector agrario que podrá ganar mercados en aceite o vino, pero otras actividades pueden salir perjudicadas, como carne bovina, arroz, aves de corral, cítricos…, algunos de los cuales sobreviven como buenamente pueden.
Abrir los mercados siempre representa una amenaza al statu quo sectorial. Y si un sector está tocado, la amenaza se magnifica y se originan protestas como las vividas recientemente, a pesar de las salvaguardias de volumen importado y de incidencia sobre los precios internos. La de las cláusulas espejo es sin duda la salvaguardia más controvertida, justa e incontestable de las reivindicaciones del sector agrario: los productos importados tienen que cumplir los mismos estándares que cumplen los productos europeos en seguridad alimentaria, uso de pesticidas, protección medioambiental, bienestar animal, condiciones laborales. Los más fáciles de garantizar son los dos primeros. Los otros son más complicados.
Competencia
En los países del Mercosur se aplican pesticidas y hormonas prohibidas en la UE que son difícilmente detectables
La UE tiene prohibidos una gran cantidad de herbicidas, fungicidas, insecticidas, etcétera, la aplicación de los cuales es bastante detectable con los llamados límites máximos de residuos ( LMR) que se permiten. Lo que pasa es que en los países del Mercosur se aplican algunos prohibidos en la UE y difícilmente detectables porque hay materias activas que se degradan con el tiempo (días, semanas o meses en función de la vida del cultivo). Lo mismo pasa con las hormonas de crecimiento animal, prohibidas rigurosamente en la UE y menos rigurosamente en el Mercosur, y que se aplican en animales jóvenes, donde puede ser difícil de detectarse.
En términos económicos estamos ante un problema de competencia desleal dado que, al respetar lo que se exige en el interior de la UE, se obtienen menores costes y mayor productividad. La medida más efectiva para evitarlo es elevar los niveles de control oficial del producto importado, sea en los puntos aduaneros, en la estantería del supermercado o en los sistemas de certificaciones y auditorías en origen. ¿Dónde hay que extremar el control? Pues en mercados donde, como el español, el control no se hace o se hacen pocos y el sistema de sanciones es bajo. En el límite, la UE tendría que hacer controles sorpresa in situ en los mercados americanos de origen, eso sí, con cargo de los costes en la contabilidad arancelaria pertinente. Y en la gestión del control oficial no estaría de más que se tuviera en cuenta la importancia de factores como el autoabastecimiento, el riesgo sobre el modelo agrario europeo (gestión del territorio, fijación de la actividad y de la población), el impacto ambiental del transporte, el menor bienestar animal, entre otros, que hacen que en un país especial pero próximo como Suiza el salario medio de un trabajador del campo se sitúe entre los 48.000 y los 74.000 euros anuales.
