En las últimas semanas han tenido lugar varias reuniones internacionales. En primer término, la edición número treinta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Y se ha celebrado el décimo aniversario de los Acuerdos de París. Los países y regiones que han participado en la COP30 sobre el clima se han esforzado conjuntamente para limitar el aumento global de la temperatura, en un contexto marcado por el incremento de los fenómenos climáticos extremos y la presión creciente de la comunidad científica para acelerar los compromisos asumidos por los gobiernos.
La Unión Europea pretende influir en la comunidad internacional para conseguir un recorte de las emisiones contaminantes para que se alcancen los Acuerdos de París. Según la Comisión Europea, los nuevos objetivos climáticos implican adelantar los recortes de emisiones: el nivel de reducción del 66,25% respecto a 1990, inicialmente previsto para el 2035, debería alcanzarse varios años antes. Bruselas insiste en que la credibilidad de estos compromisos dependerá no solo de los objetivos fijados, sino también de su traslación efectiva a políticas industriales, energéticas y fiscales coherentes.
Impulsar una transición justa y dejar atrás los combustibles fósiles para recortar un 55% las emisiones netas en el 2030 –en comparación con 1990– y alcanzar la neutralidad climática
en el 2050 no es un camino fácil. Durante la semana del 20 al 23 de enero, la marina francesa bloqueó en el Mediterráneo un carguero ruso que navegaba con una carga de petróleo contaminante, con bandera falsa y en una ruta inusual.
Por otra parte, los acuerdos de la Unión Europea y Mercosur no avanzan. El Parlamento Europeo ha paralizado por diez votos los pactos que se habían alcanzado sobre los tratados de comercio bilateral. Las protestas de los agricultores y ganaderos de muchos países de la Unión Europea (desde Francia a España), pueden haber tenido alguna influencia en contra de los acuerdos comerciales de importación de ganado y materias primas agrarias producidos en América Latina. En definitiva, por diez votos en contra el Parlamento Europeo ha paralizado los acuerdos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que decidir si el Tratado es compatible con los Tratados Comunitarios. Eso puede retrasar dos años el acuerdo que había sido alcanzado en enero. La Eurocámara ha pedido al TJUE que revise si el tratado es compatible con los tratados comunitarios.
