Otra semana más de despropósitos en Rodalies. Otra semana más, sí, pero, como las anteriores, que va a peor, no a mejor. Más puntos negros y peores diagnósticos. Con postergación de la fecha prevista para recuperar una cierta normalidad. Al tiempo que se descubren agujeros adicionales en el resto de España. Es difícil de explicar. Y más de entender. Después de lustros de abandono y desatención de la infraestructura, con la denuncia incesante de los usuarios, aflora el desprecio a estos a la vista de que apenas se ha hecho nada. El ruinoso estado de la infraestructura es el testigo de cargo.
Muchos catalanes, la mayoría de los votantes, han recorrido con su voto gran parte del arco parlamentario, de la socialdemocracia al independentismo, pasando por las criaturas más inclasificables, con la esperanza de que alguna de las opciones diera con la solución. Sin resultado. Ahora se abre la fosa del peor voto de castigo.
La verdad es que la barrena del ferrocarril presenta la factura de un malestar social que durará décadas y un enorme coste económico para hacerle frente que repercutirá negativamente sobre las cuentas públicas. Una más. Es ineludible preguntarse cuál será la puntilla para declarar al estado en crisis: el caos de las infraestructuras del transporte terrestre (tras el ferrocarril esperan las carreteras); el incremento del gasto armamentístico a costa de otras partidas del gasto; el déficit de las pensiones; el anegamiento del sistema sanitario, desbordado tras un incremento de población no acompasado con el necesario aumento del gasto para poder atenderlo; la financiación de los inaplazables planes de construcción de vivienda pública; los efectos catastróficos del cambio climático en la geografía (tan de actualidad estos días en Andalucía); o, lo más probable, una combinación diabólica de todas o algunas de ellas.
El cisne negro está agazapado esperando el momento de aparecer en el escenario. El caso español está actualmente en el disparadero, pero no es ni mucho menos el único. El mismo fantasma recorre, con más o menos intensidad, toda Europa. Revisión de prioridades económicas en Alemania; crisis político-presupuestaria en Francia; desmantelamiento de servicios públicos en el Reino Unido…
El papel histórico de la socialdemocracia tiene su origen en el desarrollo del Estado del bienestar característico de la Europa occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los partidos europeos que se alejaron de esa línea y se sumaron alegremente al ideario neoliberal imperante – del que no lo olvidemos, la construcción europea de las últimas décadas y el propio diseño del euro formaban parte- han sido barridos del mapa o van camino de ello. Italia y Francia, son los ejemplos avanzados; Alemania y Reino Unido andan por el camino. Las alternativas son o populismos oportunistas o variantes más o menos explícitas de extrema derecha.
Hungría, que pierde habitantes, encabeza la lista de subida de precios de la vivienda
Es loable el intento de Pedro Sánchez de erigirse en líder internacional de la socialdemocracia contra esa ola que encabezan el trumpismo y su cohorte de tecnoligarcas. No en vano el presidente de EE.UU. tiene en su punto de mira las democracias europeas, ya muy recortadas por sus propias elites. Y Donald Trump es ahora la primera amenaza para la paz mundial.
Pero el centro del debate está en Europa y en sus propias políticas. Los líderes europeos mantienen una línea bifronte. Por un lado, cuando conviene adular el alma de los votantes o cubrir sus maniobras se llenan la boca con loas al Estado del bienestar y sus logros para el conjunto de la población. Pero en la práctica de la mayoría de sus medidas, lo sabotean y erosionan sus bases de apoyo.
La vivienda es un buen ejemplo. En España es uno de los temas preferidos de debate, centrado siempre en la denuncia o aprobación de las medidas aprobadas por el Gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Parecería que el problema de la vivienda es un problema exclusivamente local. Nada más lejos de la realidad.
Como descubrió en su propia cabeza, en forma de fracaso electoral, la más famosa de las alcaldesas españolas, Ada Colau, al llegar al ayuntamiento de Barcelona. La vivienda es un problema global y su solución está fuera del alcance de un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un gobierno aislado.
Se acumula la lista de facturas a las que el Estado debe hacer frente; una prueba para la socialdemocracia
Los últimos datos sobre la evolución de los precios de la vivienda en Europa son un nuevo ejemplo que lo pone de manifiesto. Suben exponencialmente en todos los países. En el ranking de aumentos de precios, desde que comenzó su recuperación tras la Gran Recesión, es decir a partir del 2015, hasta finales del 2025, España ocupa la decimocuarta posición entre los miembros de la Unión Europea.
Hungría, que no forma parte el euro y que pierde población a marchas forzadas, encabeza la lista con un aumento de precios de casi el 100%, el 28% si se tiene en cuenta la evolución de los salarios, similar al de España con idéntica corrección. Incluso Portugal, el ejemplo a seguir al decir de muchos, supera ampliamente los guarismos españoles. Una constatación más de que el problema, no solo trasciende los límites de los estados individuales, como otros muchos más; también de que su evolución está relacionada con fenómenos financieros y de revalorización de capitales que la creación de la eurozona amplificó como nuca antes. Igual que la burbuja inmobiliaria de principios de siglo, que solo se explica si se tiene en cuenta el papel del euro, los problemas de la vivienda tienen también su origen en la deficiente estructura económica europea. También en la política.
