“Las protestas en la calle se han reducido (…) pero la sangrienta represión continúa activa”, narra a La Vanguardia un testimonio iraní, que pide ocultar su identidad por miedo a represalias. “La calle está llena de controles y patrullas de los diferentes grupos descritos, con la orden de matar a cualquiera que pueda ser sospechoso”, añade.
Las estimaciones de víctimas mortales durante la oleada de manifestaciones en enero varían ampliamente debido al apagón de internet: el Gobierno iraní reconoce más de 3.000 muertos, mientras que Human Rights Activists News Agency (HRANA) eleva la cifra verificada a más de 6.000 y sitúa el posible total en hasta 22.000, con otras estimaciones que alcanzan los 33.000.
Al mismo tiempo que mantiene abiertas las negociaciones con Estados Unidos, que amenaza con atacar a la República Islámica, el régimen de los ayatolás continúa su cerco a la oposición interna del país. El portavoz del Frente Reformista -principal coalición de izquierdas iraní- ha sido la última figura contraria al Gobierno en ser detenida.
“Agentes de los Guardianes de la Revolución se desplazaron al domicilio de Javad Emam (…) en las primeras horas de la mañana” del domingo, donde fue arrestado, según informaciones del diario iraní Shargh y la agencia de noticias Fars. En 2009, Emam dirigió la campaña electoral de Mir Huséin Musavi, opositor iraní y ex primer ministro, bajo arresto domiciliario desde 2011.
Su partido y otros grupos de la izquierda dieron su apoyo al actual presidente, Masud Pezeshkian -al que se le considera alejado de los preceptos religiosos de la cúpula clerical del país- tras las elecciones de 2024. Según medios iraníes, al menos otros tres cargos del Frente de los Reformistas han sido detenidos en los últimos días.
El Poder Judicial iraní justificó las detenciones en un comunicado en el que acusó a los cuatro dirigentes de tratar de “alterar la estabilidad política y social del país” en un contexto de crecientes amenazas militares por parte de Estados Unidos y de Israel, según informó la agencia oficial Mizan.
“Entran sin ningún tipo de contemplación para rematar a los heridos y arrestar al personal sanitario”, explica un testimonio de las protestas
Los arrestos se produjeron después de que el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, advirtiera de que quienes difunden mensajes críticos desde el interior del país “actúan en consonancia con el régimen sionista y con Estados Unidos”.
Esta última redada se suma a la decisión de un tribunal de Teherán de extender la pena de prisión de la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi. La activista fue condenada a otros siete años y medio en la cárcel por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en lo que supone la décima sentencia dictada contra la activista desde 2021.
La información fue confirmada ayer por su abogado, Mostafa Nili, quien pudo hablar con ella por primera vez desde su detención, tras 56 días en “aislamiento absoluto y con el corte total de comunicaciones”. Mohammadi acumula penas que superan los 44 años de cárcel, de los que ya ha cumplido 17, además de haber sido castigada con 154 latigazos en sentencias anteriores, según la Fundación Narges, con sede en París.
La fuente consultada por este diario explica que las fuerzas de seguridad llevan a cabo “asaltos y arrestos en los hogares, incluso en los hospitales”, donde los agentes “entran sin ningún tipo de contemplación para rematar a los heridos y arrestar al personal sanitario”. Las detenciones se producen en redadas diarias, en un contexto de controles permanentes y patrullas en las calles, con órdenes de actuar contra cualquier persona considerada sospechosa.
También señala como responsables directos a varios cuerpos que actúan de forma coordinada, entre ellos el Basij, descrito como “el grupo principal usado para controlar aspectos de moral y comportamiento en la calle, reprimiendo directamente y de una manera muy contundente y violenta a la población civil”, así como los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que “se encuentran detrás de todas las actuaciones de represión y ataque a la población”.
A ello se suma la actuación de “voluntarios civiles que se mezclan entre la población” y de “mercenarios extranjeros procedentes principalmente de Irak, Afganistán y Pakistán”, a quienes atribuye los episodios más violentos.
Todo ello mientras Omán prepara una nueva reunión entre persas y estadounidenses, cuyo objetivo es desescalar la tensión y evitar una guerra regional. El régimen iraní está dispuesto a negociar su programa nuclear, pero mantiene que no renunciará a su arsenal de misiles ni dejará que otras potencias marquen su gestión de las protestas. Presión interna y externa para la República Islámica, determinada a sobrevivir pase lo que pase.
