El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá al Gobierno de España topar precios de servicios o productos durante una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda. Es decir, impide que empresas incrementen los precios de forma exponencial en momentos críticos como pueden ser los billetes de avión en la tragedia ferroviaria de Adamuz. Será el Consejo de Ministros el único con potestad para declarar qué situaciones son de emergencia para que se interponga este tope y lo hará por Acuerdo de Consejo de Ministros, incluyendo un plazo.
La nueva norma modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para incorporar un límite máximo de precios en esas situaciones de emergencia con carácter extraordinario. Así, el Gobierno podrá topar el precio de modo que no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación.
Además, incluye un mecanismo de tope adicional: si el precio máximo que ha tenido este servicio o producto en esos días previos (es decir, el primer límite impuesto) fuera superior a más del 50% de precio medio en ese mismo periodos, la referencia máxima será este precio medio de los últimos 30 días más un 50%.
Por poner un ejemplo práctico y ficticio: el precio medio de alquilar un coche en los 30 días previos a un accidente de tren es de 100 euros, pero en esos 30 días hubo un día que el precio estuvo en 300 euros (es decir, supera en un 50% el precio medio). En este caso, se toparía el precio a 150 euros (100 euros, que es el precio medio, más el 50% de ese precio medio)
Los consumidores tendrán derecho al reembolso del precio que han pagado de más, sin perjuicio de la sanción para esta empresa por el incremento ilícito de precios.
Los consumidores tendrán derecho al reembolso del precio que han pagado de más
El objetivo de esta modificación legislativa, ha explicado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es reforzar la protección de las personas consumidoras ante posibles abusos en este tipo de situaciones de emergencias, como los denunciados por varias asociaciones de consumidores en catástrofes recientes de nuestro país, tales como la DANA de Valencia, los incendios de 2025 o, más recientemente, el accidente de tren en Córdoba. ”Se trata de impedir la posibilidad de hacer caja en situaciones de vulnerabilidad de la ciudadanía porque estos aumentos no se han producido por un aumento de los costes sino por extraer mayor beneficio de situaciones sobrevenidas”, ha explicado Bustinduy.
Por otra parte, el real decreto-ley especifica, como ya se ha mencionado, que las situaciones en las que podrán toparse los precios no solo serán aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, sino también aquellas que determine el Consejo de Ministros, que será el único órgano capacitado para hacerlo. A este respecto, la limitación de precios se podrá activar bien junto a una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, o también en otros supuestos como accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias, y se determinará mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
El texto señala a su vez, que el Acuerdo del Consejo de Ministros deberá precisar, como mínimo, una fecha de inicio y fin para los servicios o productos afectados, y la referencia aplicable para limitar precios. La normativa también habilita al Gobierno para imponer a los comercializadores una obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos. Y garantiza que la limitación de los incrementos de precios se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia.
El ministro también anunció la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, el compromiso renovado de España con el desarrollo sostenible y confirmó la aprobación de la prestación por crianza, la inversión en vivienda social, reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% (por debajo de la incidencia de la UE) priorizando medidas dirigidas a familias monomarentales, las más afectadas con la situación de pobreza, reducir la brecha salarial de género al 10%, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 32%, reducir en un 5% la tasa de municipios que pierden población, entre otras medidas.
