La Cambra de Comerç de Barcelona pidió ayer el retorno del pago por uso –es decir, la aplicación de peajes o de viñeta– en las autovías y autopistas españolas. La propuesta se apoya en los principios establecidos por las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, para garantizar su mantenimiento y mejora. La institución presidida por Josep Santacreu señaló en un comunicado que este modelo de tarificación debería ser único y equitativo para todo el Estado.
La exigencia de la Cambra llega en un momento convulso para la movilidad en Catalunya. La crisis que vive Rodalies desde hace un mes ha puesto de manifiesto la falta de inversión en infraestructuras en la comunidad autónoma. Si se tiene en cuenta el último dato conocido de ejecución, que hace referencia al primer semestre del 2024, el Estado solo invirtió 456 millones de euros en el territorio, un 20% del total presupuestado. Fuentes de la Cambra señalaron que el interés por poner este debate en el centro de la opinión pública se debe al accidente ferroviario mortal en Gelida y recuerdan que la emisión del comunicado se pactó en el pleno de diciembre tras un debate en la comisión de infraestructuras.
El análisis de la Cambra recuerda que el levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en el 2021, con la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33, ha provocado un fuerte incremento del tráfico. En este sentido, sobresale el caso de la AP-7, que ya opera al límite de su capacidad. En solo cinco años, algunos tramos ha incrementado un 37% el tráfico de vehículos ligeros y un 55% el de vehículos pesados.
El sector afirma que los 2.000 millones de euros anuales de conservación de la red viaria no son suficientes
La institución considera que esto se ha traducido en mayor congestión, siniestralidad y desgaste en la infraestructura. A esta situación, la entidad añade que también hay un creciente déficit de inversión en conservación vial. En concreto, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit de inversión en conservación de carreteras ha pasado de 9.453 millones de euros en el 2022 a 13.491 millones en la actualidad.
Los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento –unos 2.000 millones entre los tres niveles de administración– es claramente insuficiente para revertir esta situación
La Cambra cree que, sin un modelo estable de financiación, el deterioro de la red viaria continuará aumentando y provocará impactos negativos sobre la competitividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías. En este sentido, la corporación considera imprescindible reanudar el debate sobre la financiación y la gestión de la red viaria y recuperar el proyecto de definición de un modelo de tarificación por uso. Al respecto, recuerda que el Estado adquirió con la Unión Europea el compromiso de establecer un mecanismo de pago por uso en las carreteras estatales, con implantación en el año 2024.
La corporación pone sobre la mesa el traspaso de todas las carreteras del Estado a la Generalitat
En paralelo, también recuerda que la propuesta de la Generalitat de crear una viñeta –una tarifa plana para toda la red, tanto para turismos como para camiones, que supondría del orden de ingresos de 1.000 millones de euros anuales– terminó en el cajón por la ausencia de un modelo claro y definitivo a nivel estatal.
Ante la situación de elevada deuda pública y de déficit de inversiones, la entidad cameral apunta que es necesario la introducción del citado pago por uso como garantía para el mantenimiento de una red de carreteras en buen estado de conservación y seguridad. En este sentido, apunta que cualquier esquema de tarificación se debería aplicar en toda la red viarias de altas prestaciones y vías alternativas, independientemente de su titularidad, aunque con variaciones según el vehículo y sus emisiones
La institución presidida por Josep Santacreu destaca el caso de la AP-7, que ya opera al límite de su capacidad
Por otra parte, la Cambra pone sobre la mesa el traspaso de todas las carreteras de titularidad del Estado a la Generalitat, siguiendo el ejemplo de País Vasco. De esta forma, considera que se facilitaría la gestión integral de la red, aunque las inversiones para mejorarla quedarían en manos del Gobierno central. Como horizonte final, el análisis de la Cambra sitúa el pago por uso por distancia recorrida como el modelo más eficiente, y solo se adoptaría la viñeta (tarifa plana) como una solución transitoria.
Para avanzar, la entidad reclama la necesidad de crear un marco de colaboración entre las diferentes administraciones y el sector público y privado para gestionar la transición hacia el nuevo modelo. A tal fin, apuesta por la visión compartida entre el Estado y la Generalitat que garantice la coherencia.
Una excepción en Europa
La patronal de constructores y concesionarias Seopan señaló el pasado verano que España es una excepción en Europa en cuanto al pago por uso de carreteras. Se trata del único gran país del continente con una mayoría de carreteras gratuitas y apuntó en un informe que concentra el 68% de los kilómetros de autovías sin peaje de los veintisiete. La organización empresarial recuerda que los españoles sí pagan por circular en otros países, mientras que los conductores extranjeros utilizan la red española sin aportar a su mantenimiento. Por otra parte, un informe elaborado por la consultora PwC afirma que 19 países europeos tienen tarificada el 100% de su red de autopistas y otros 5 tienen más del 75%: España es una excepción con únicamente un 13% de tarificación en su red viaria de gran capacidad. La falta de financiación del sistema de carreteras y autopistas tiene un impacto directo en la conservación de autopistas y autovías. El informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) revela que el 52% de la red viaria, unos 54.000 kilómetros de un total de 101.700, presenta un estado crítico. De ellos, cerca de 34.000 kilómetros requerirían una reconstrucción completa debido al avanzado deterioro estructural y superficial.
