La Cambra de Comerç de Barcelona ha pedido el retorno de los peajes en las autopistas y autovías españolas, de acuerdo con los principios establecidos por las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, para garantizar su mantenimiento y mejora. La institución presidida por Josep Santacreu señala que este modelo de tarificación debería ser único y equitativo para todo el Estado.
El análisis de la Cambra recuerda que el levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en el 2021, con la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33, ha provocado un fuerte incremento del tráfico. En este sentido, destaca el caso de la AP-7, que ya opera al límite de su capacidad y en sólo cinco años en algunos tramos ha incrementado un 37% el tráfico de vehículos ligeros y un 55% el de vehículos pesados.
La institución asegura que esto se ha traducido en mayor congestión, siniestralidad y desgaste en la infraestructura. A esta situación, la entidad añade que también hay un creciente déficit de inversión en conservación vial. En concreto, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit de inversión en conservación de carreteras ha pasado de 9.453 millones de euros en el 2022 a 13.491 millones de euros en la actualidad. Los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento es claramente insuficiente para revertir esta situación
En paralelo, recuerda que la propuesta de la Generlitat de crear una tarifa plana para toda la red, tanto turismos como camiones, y que supondría del orden de 1.000 millones de euros anuales, terminó también en el cajón por la ausencia de un modelo claro y definitivo a nivel estatal.
En paralelo, la Cambra exige ejecutar el traspaso de todas las carreteras titularidad de la administración del Estado en Catalunya a la Generalitat, siguiendo el ejemplo de territorios como el País Vasco. Esto facilitaría una gestión integral de la red desde todos los puntos de vista, manteniendo las inversiones necesarias para la mejora de la red viaria bajo la responsabilidad del Gobierno.
