Hace casi cinco siglos, los teólogos y juristas de la Escuela de Salamanca se ocuparon de cuestiones que hoy reconoceríamos como el núcleo del pensamiento institucional y del derecho internacional. En sus reflexiones, desarrollaron ideas sobre los límites del poder de los soberanos, el consentimiento como base de legitimidad política, la defensa de la propiedad y el libre intercambio, todo ello en el siglo XVI, adelantándose casi doscientos años antes de las grandes aportaciones de John Locke y Adam Smith.
Estos primeros desarrollos teológicos y filosóficos han sido confirmados por la investigación económica de las últimas décadas. Como muestran los premios Nobel de 1993 y 2009 a Douglass North y Oliver Williamson, respectivamente, las instituciones económicas son un factor determinante del crecimiento económico a largo plazo. Elinor Ostrom, que también recibió el premio Nobel en 2009, amplió este análisis a la gobernanza y gestión de los recursos en propiedad común. Más recientemente, en 2024, Acemoglu, Johnson y Robinson fueron distinguidos con el Nobel por mostrar como las buenas instituciones (en su vocabulario, las instituciones “inclusivas”) son condición necesaria para la prosperidad duradera. Por último, en 2025, el Nobel a Mokyr, Aghion y Howitt, en línea schumpeteriana, reforzó esta conclusión destacando la importancia que tienen las instituciones en el desarrollo del proceso innovador que impulsa la destrucción creativa.
La defensa de la calidad institucional es una prioridad
De esta literatura se desprende que las instituciones poseen un valor intrínseco, son garantes de derechos y libertades y, además, condicionan los resultados económicos por múltiples vías. Por ejemplo, la libertad de prensa, la seguridad jurídica, la calidad regulatoria, la independencia judicial o la estabilidad pública contribuyen a garantizar el cumplimiento de los contratos, reducir la incertidumbre e incentivar la inversión. En definitiva, las instituciones económicas representan una forma de capital y, como tal, requieren una inversión sostenida y sufren depreciación cuando se descuidan.
Durante los últimos años, hemos presenciado un deterioro que ha quedado constatado en los principales indicadores internacionales. En 2024, el Democracy Index de The Economist Intelligence Unit alcanzó su mínimo histórico desde que comenzó a calcularse en 2006. Los Worldwide Governance Indicators que publica el Banco Mundial reflejan un descenso casi generalizado en las economías de renta alta desde 2019. De igual modo, el informe V-Dem Democracy Report 2026 concluye que casi todos los aspectos de la democracia se han deteriorado entre 2000 y 2025. Este último informe destaca además el retroceso que se ha producido dentro de la Unión Europea y sus principales socios, como Reino Unido o Estados Unidos.
El deterioro de las instituciones actúa en dos sentidos que se retroalimentan. Por un lado, los ciudadanos demandamos respuestas a problemas urgentes, pero percibimos que las actuaciones del Estado no contribuyen a resolverlos. Por el otro, la creciente politización y polarización dificultan la labor legislativa y ponen en duda la independencia de instituciones clave, como el poder judicial o las autoridades regulatorias. Esta disfunción promueve el auge de movimientos populistas que alejan la confianza y minan todavía más las instituciones. El resultado es un círculo vicioso en el que la pérdida de calidad institucional genera desafección, más populismo y acelera la erosión.
España también sufre los efectos de esta dinámica. La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial durante casi cinco años, la presión política sobre organismos reguladores, la acumulación de prórrogas presupuestarias o la judicialización de la política son todos ejemplos de cómo se ha materializado la pérdida de calidad institucional.
Para algunos, la pérdida de calidad institucional carece de coste, visto el rendimiento de la economía española en los últimos años. Están equivocados.
Una parte importante del crecimiento se apoya en factores a coyunturales, como los flujos migratorios, el gasto de los fondos Next Generation EU o la emisión de deuda pública, pero persisten las debilidades estructurales de la economía española: una productividad inferior al promedio de la UE (según Eurostat, en 2023 era todavía un 3% inferior), una inversión privada insuficiente (en términos de inversión por ocupado, en 2025 era todavía un 2% inferior al nivel alcanzado en 2000) y un déficit estructural que no acaba de corregirse en las fases expansivas del ciclo económico (para 2025 se prevé un déficit de 2,5% del PIB).
La erosión de la calidad institucional actúa como un lastre silencioso sobre el crecimiento a largo del PIB, dificultando la inversión, la atracción de talento y la capacidad de captar oportunidades en un entorno geopolítico en el que se reconfiguran los flujos internacionales de capital. Justamente es el decalaje entre la causa y el efecto de la degradación de las instituciones lo que hace tan peligrosa la complacencia.
Desde el Círculo de Empresarios llevamos años alertando sobre la erosión de la calidad de las instituciones en nuestro país. En 2018 publicamos un análisis exhaustivo de la calidad institucional de España y también elaboramos un informe sobre el papel determinante de la Administración de la Justicia en el marco institucional. Estos trabajos reflejan nuestra convicción de que la defensa de la calidad institucional es una prioridad de primer orden para garantizar el buen funcionamiento de la economía y el desarrollo de la actividad empresarial. Sin ella, el capital institucional que España construyó durante la Transición y el proceso de integración en la Comunidad Europea continuará deteriorándose y, con ella, también las bases de nuestra competitividad.
