Portugal celebra este sábado el aniversario de la revolución de 1974 bajo el ruido de fondo de una segadora, la que la ultraderecha de Chega (Ch) e Iniciativa Liberal (IL) están engrasando para para borrar con ella de la Constitució los últimos claveles, el símbolo popular e histórico de la insurrección militar que, sin víctimas mortales en las acciones principales, puso fin, de repente, el 25 de abril de 1974 a la dictadura implantada en 1926.
La derecha obtuvo en el 2025 el 70% de los escaños con el 61% de los votos, gracias a la fragmentación de la izquierda, de los equivalentes lusos de Sumar, Podemos e IU
Las tres formaciones de la derecha lusa, Ch, IL y los conservadores del gobernante PSD de Luís Montenegro, disponen por primera vez de la mayoría de dos tercios para modificar la Carta Magna sin contar con el Partido Socialista (PS), lo que el líder ultra André Ventura y su homóloga liberal Mariana Leitão quieren utilizar para arrancar esos claveles de un texto constitucional modificado en varias ocasiones. Los 91 diputados conservadores, los 60 ultras y los 9 liberales suman 160, el 70% sobre 230, por encima del umbral del 66%.
Si bien no afecta para nada a la legalidad de una eventual reforma, se trata de una mayoría fruto de la combinación entre el sistema electoral y la desastrosa fragmentación a la izquierda del PS, con Livre, próximo a Sumar; Bloque, cercano al BNG y a Podemos, y el Partido Comunista, con vínculos históricos con IU. Divididos en su enanismo sólo obtuvieron diputados tres circunscripciones, Lisboa, Porto y Sétubal, lo que multiplicó el rendimiento del estratosférico porcentaje de la derecha del 61%, hasta plasmarse en ese 70% de los diputados.
Frente al ímpetu de Ch e IL para aprovechar lo que consideran una oportunidad histórica de hacer una Constitución de derechas, Montenegro trata de contemporizar, con su apuesta por aplazar la reforma hasta la segunda parte de la legislatura, el bienio 2027-2029. Así intenta evitar la ruptura de todos los puentes con el PS, cuyo concurso resulta vital para su Gobierno en minoría de geometría variable, con acuerdos puntuales con ultras y socialistas. Esa cautela también expresa la división interna dentro del PSD ante la quiebra del acuerdo histórico en las cuestiones de Estado con el PS.
“Necesitamos una revisión constitucional, porque no tenemos que tener una Constitución que camine ni hacia el socialismo ni hacia el ‘cheganismo’”, proclamó el líder ultra André Ventura en febrero en el Parlamento, durante la sesión conmemorativa de los 50 años de la aprobación de la Carta Magna. Minutos antes varios miembros de la asamblea constituyente de 1976 abandonaron la tribuna, como protesta por las palabras de Ventura, admirador confeso del dictador Oliveira Salazar.
Hay un intento de sacar del preámbulo la retórica apelación al camino hacia “una sociedad socialista” y reducir el papel del Estado y las salvaguardias laborales
La alusión de Ventura contra el tránsito “al socialismo” aludía a la frase que continúa en el preámbulo de la Constitución sobre la apuesta por “abrir camino para una sociedad socialista”. Se trata de una declaración de principios, sin valor jurídico, que si bien en el momento inicial podía ser representativa de buena parte del texto original, fue perdiendo esa cualidad con las sucesivas modificaciones efectuadas desde 1976, que en Portugal se hacen sin referéndum.
Las pretensiones de Ventura van mucho más allá, aunque ni Ch ni IL hayan presentado aún formalmente su actual propuesta de reforma. Chega pretende reforzar las Fuerzas Armadas, aumentar las potestades de la policía, introducir en la Constitución su política inmigratoria de mano dura y establecer la cadena perpetua, como mínimo a través de un mecanismo análogo a la prisión revisión permanente revisable. IL, defensora de la gestión del presidente argentino Javier Millei, apuesta por la jibarización del Estado y eliminar en todo lo posible las cortapisas al libre mercado.
Si bien constituye un misterio hasta dónde estaría dispuesto a llegar el PSD, en los últimos lustros ha abogado por cambios que eliminen las limitaciones a los despidos, justo cuando el Gobierno promueve una muy contestada reforma laboral, y reduzcan derechos sociales. También ha defendido la reducción de los 230 escaños del Parlamento, si bien no está claro si compartiría el objetivo de Chega de dejarlo con 150.
Desde la izquierda se denuncia que sería un “cambio de régimen” y se aduce que la frustración social no procede de la Constitución sino de su incumplimiento
Esa drástica disminución del número de diputados constituye uno de los ejes de la respuesta de las fuerzas progresistas, que, en el marco de su extrema debilidad parlamentaria, se oponen frontalmente a esa eventual reforma de derechas que en opinión del líder de Livre, Rui Tavares, supondría un cambio de régimen. “La frustración que sienten los portugueses no viene de la Constitución, sino de su incumplimiento”, sostiene el presidente de la República, el socialista António José Seguro. Las encuestas indican que, en el marco de ese malestar, los portugueses no hacen una valoración negativa de la constitución y que se oponen a cambiarla en el ámbito laboral. Se trata de una de las “conquistas de Abril”, como llaman los portugueses a la mágica revolución de hace 52 años.
