La Generalitat afronta una de las fases más complejas de su plan de vivienda de alquiler público. Se trata de la búsqueda de promotores para construir pequeños lotes de pisos, en solares con capacidad para 20 viviendas como máximo repartidos por 40 municipios catalanes.
El objetivo no es sencillo, porque la rentabilidad de estas promociones resulta menor. Por ello el Govern ha diseñado un proceso de licitación distinto, con el que intenta incentivar la participación de cooperativas o asociaciones de propietarios.
El concurso ha quedado abierto este mismo martes, ha avanzado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consell Executiu. En total se licitan 59 solares de pequeñas dimensiones con capacidad para construir 783 viviendas protegidas, en el marco del Plan 50.000 para ampliar el parque público hasta 2030.
Algunos de estos solares han sido cedidos por los ayuntamientos dentro de la primera convocatoria de la reserva pública de la Generalitat, mientras que otros pertenecen al Institut Català del Sòl (Incasòl) o a Patrimoni de la Generalitat. La fórmula elegida es la licitación individual para intentar atraer promotores con mayor facilidad.
Las características de los 40 municipios donde se ubican los solares también suponen un reto para atraer estos promotores. La mayoría tiene pocos habitantes y escasos recursos técnicos, como Palau-sator, en el Baix Empordà (2 solares y 8 viviendas); Colera, en el Alt Empordà (2 solares y 12 viviendas); Alcover, en el Alt Camp (2 solares y 4 viviendas); Baix Pallars, en el Pallars Sobirà (1 solar y 2 viviendas); Taradell, en Osona (2 solares y 14 viviendas); o Xerta, en el Baix Ebre (1 solar y 15 viviendas).
A partir de ahora, la licitación se adjudicará de forma directa si no hay concurrencia. De esta manera, si un promotor o cooperativa muestra interés por un terreno, se abrirá un período de un mes para comprobar si existen más candidatos. En su defecto, la adjudicación se efectuará directamente al primer interesado. En caso de que aparezcan otras ofertas, sí se realizará un concurso con criterios de valoración donde se priorizará el alquiler; las cooperativas y la autopromoción; la industrialización y el mantenimiento o plan de gestión.
Los acuerdos fijan que la Agència de l’Habitatge de Catalunya supervisará durante 75 años el cumplimiento de las condiciones por parte de los promotores. Una vez finalizado este período, las viviendas pasarán a los ayuntamientos. Los consistorios, por su parte, se comprometen a otorgar la licencia de obras en tres meses desde que se reciba el proyecto de construcción, así como a facilitar los procesos administrativos. En cuanto a la adjudicación de las viviendas, los ayuntamientos podrán optar por gestionar directamente la selección de los beneficiarios o bien delegarla en los promotores. Los municipios también podrán establecer requisitos como el empadronamiento para priorizar el acceso a pisos.
En paralelo, el Govern abrió la segunda convocatoria de la reserva pública de solares, tras un primer llamamiento que permitió movilizar a 670 terrenos con capacidad para unas 22.000 viviendas. Esta segunda convocatoria, iniciada el 18 de marzo, podrá incorporar al menos 170 nuevos solares donde se podrán construir hasta 8.300 viviendas.
Antes, el plan 50.000 de Illa pasó su primera prueba de fuego: el primer concurso de la reserva pública de solares para construir vivienda pública de alquiler. Un total de ocho empresas han presentado ofertas para alguno de los cuatro lotes que la Generalitat ya ha sacado a licitación, con un potencial para levantar y gestionar 1.940 viviendas protegidas. Éstas son la UTE Genivs metropolitan, Landetic, Visoren, Copcisa, Fundació Privada Salas, Compañía Española de Viviendas en Alquiler, Downforce Investments y Evolvere.
