El Ministerio de Hacienda se ha puesto manos a la obra para empezar a celebrar reuniones bilaterales con las comunidades (y ciudades) autónomas para abordar la reforma de la financiación autonómica. El departamento ha informado que este lunes ha remitido cartas a las consejerías de las comunidades de régimen común, así como de Ceuta y Melilla, con el objetivo de concertar fechas.
Fuentes ministeriales aseguran que el departamento dirigido por Arcadi España “mantiene el compromiso de convocar en próximas fechas una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año”. De esta forma, el nuevo modelo de financiación entraría en vigor el próximo 1 de enero de 2027.
El compromiso de la celebración de estas reuniones bilaterales, que serán lideradas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, fue adquirido en en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí, el Ministerio de Hacienda presentó su reforma del sistema, cuya aprobación permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas.
Los recursos totales homogéneos que el modelo distribuiría en 2027 se estiman en 224.507 millones. Hacienda recuerda que, en el último año liquidado, 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.
El nuevo modelo de financiación incorporará nuevos criterios de reparto
El Gobierno aspira a que el nuevo modelo de financiación autonómica incorpore nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscriba a principios prioritarios para el Ejecutivo. Entre ellos, se incluye una nueva propuesta de población ajustada “que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población”. Además, se quiere incrementar la capacidad tributaria, que elevará la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y reforzará el principio de suficiencia, a la vez que se ampliará y garantizará la solidaridad interterritorial “a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente”.
El Ejecutivo también pretende que la nivelación vertical quede garantizada con una aportación adicional de la Administración central, para permitir reforzar la financiación en sanidad y educación pública, así como en políticas sociales. Adicionalmente, la mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.
Asimismo, el modelo incluirá garantía de statu quo, “por el que ninguna comunidad recibe menos que con el anterior modelo”, y se creará, al margen del nuevo sistema, un mecanismo dirigido a autonomías que se sitúan por debajo de la media en recursos per cápita.
Incluirá “garantía de statu quo, para que ninguna autonomía reciba menos”
El pasado noviembre, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a presentar un modelo de reforma de la financiación autonómica que, entre otros factores, combinaría la multilateralidad, entendida como la financiación de competencias homogéneas en todos los territorios de régimen común, y la bilateralidad, entendida como las competencias propias de las que disponen algunas autonomías. De este modo, el Gobierno central cumpliría con las pretensiones de Catalunya, cuya consejera de Hacienda, Alicia Romero, afirmó sentirse “cómoda” con la propuesta, así como con el pacto de investidura sellado entre PSC y ERC.
Así, Hacienda asumirá en su propuesta que algunos territorios disponen de algunas competencias que requieren una mayor financiación, aunque añade que eso no es compatible con una mejora de la financiación de todas las comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, la seguridad o prisiones son dos ejemplos de competencias propias que requerirían mayores recursos.
Por otro lado, el pasado diciembre, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributària de Catalunya (ATC) firmaron el convenio para la gestión compartida del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), el conocido como impuesto de matriculación, tal y como se acordó en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) Estado-Generalitat de Catalunya celebrada en febrero de 2025. La firma de este convenio permite avanzar en la gestión desde Catalunya de todos los impuestos, con el objetivo de asumir el IRPF en 2028, como señala el pacto de investidura del president Salvador Illa con ERC en materia de financiación autonómica.
Junts se opone a al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana
Sin embargo, el pasado enero, Junts anunció la preparación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo a los cambios legales que requiere ese nuevo modelo de financiación, pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana.
Para su entrada en vigor, este modelo debería pasar un primer corte en el mencionado Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está previsto que saldría adelante pese a las reticencias de los gobiernos del Partido Popular. De todas formas, después sería preciso modificar la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y otras normas en el Congreso. Para ese segundo paso es preciso una mayoría absoluta que vote a favor, dado que es una ley orgánica. Y esa mayoría es inviable sin el voto de JxCat con la correlación actual de fuerzas.
