Los acreedores afectados por los incumplimientos de los laudos por los recortes a las renovables en el Gobierno de Mariano Rajoy han asegurado que han tomado posesión efectiva de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht y preparan su venta en subasta. En un comunicado, aseguran haberse personado en la sede en Países Bajos para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble.
Los acreedores consideran haber tomado “posesión efectiva” de la sede del organismo cultural en Utrecht, que aseguran que está valorado en 10 millones de euros, y colocaron brevemente durante el pasado viernes carteles en la fachada en los que se puede leer que el edificio está en venta por ejecución de embargo.
El Instituto Cervantes asegura que continúa su actividad con normalidad
Por su parte, el organismo cultural ha respondido negando la información y asegurando que el edificio ni ha sido subastado, ni embargado y que “en ningún momento el fondo buitre Blasket Renewable Investments ha tomado posesión” del inmueble, con lo que continúa su actividad con normalidad.
En este sentido, el Cervantes ha asegurado que el Gobierno “ha iniciado acciones a través de la Abogacía del Estado para la protección del inmueble, que es propiedad de Patrimonio del Estado”. Y para ello, “se está aplicando el derecho internacional y el derecho de la Unión, que impide el pago del laudo que se está tratando de ejecutar”.
No obstante, este lunes las empresas afectadas por el recorte de las primas renovables han rechazado el comunicado del Instituto, asegurando que “se avanza en el proceso” de recuperación de activos impulsado ante el incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones de pago reconocidas en diversas resoluciones arbitrales y judiciales internacionales.
Los tribunales han reafirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales internacionales
La misma parte asegura que se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública, algo que, además del Instituto Cervantes, también niegan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. El embargo de la sede en Utrecht fue autorizado por el tribunal de distrito de La Haya el pasado mes de abril.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal, el Ciadi, dependiente del Banco Mundial. Asimismo, los acreedores han obtenido victorias judiciales en el Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han reafirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales internacionales.
